En el Panóptico de Ibagué se hablaba esta semana de economía circular como nuevo enfoque para detener la degradación de ecosistemas, mientras en Corferias, Bogotá, se conversaba sobre el impacto devastador de la minería ilegal en territorio tolimense. Extraordinarios temas que habrían podido coincidir en la agenda de este importante encuentro global de ciudades y regiones, auspiciado por la OCDE.

Del excepcional evento desarrollado en Ibagué, además de muchas otras cosas, me quedo con su organización y un concepto revolucionario señalado por el decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima: la “industrialización circular”, bajo la sombrilla de Obras por Impuestos y a través de las mipymes.

Pero hubiésemos querido escuchar, el cómo abordar temas reales y nuestros, como la economía minera ancestral, tradicional e informal —pero no ilegal—, bajo el concepto moderno de economía circular, pues en algún momento habremos de entender que tenemos una inmensa riqueza atrapada en la ilegalidad y que es mejor extraerla con responsabilidad, conocimiento, saberes y experiencias transferidas en estos escenarios.

Esa fue precisamente la pregunta con la que concluyó el panel en Corferias la gobernadora Matiz: ¿cuáles son las propuestas, los conocimientos y experiencias que se tienen para neutralizar esa imparable degradación ambiental y social que vive el sur del Tolima por cuenta de la minería ilegal? En ese momento se la hizo al profesor Murillo, de la Universidad del Tolima, quien fungía como moderador, y se supone, realiza un acompañamiento institucional en casos similares dados en otros departamentos como el Chocó. Lamentablemente no se obtuvo una respuesta adecuada, pero quedó planteada para toda una región que le corresponde actuar en consecuencia.

Enfatizó la mandataria tolimense que se viene haciendo de dos maneras: una, con operativos coordinados con Cortolima y la Policía Nacional contra la ilegalidad; y otra, con acciones integrales del Estado que fortalezcan lo social.

Pero ya no serían 10 los operativos realizados, ni 30 las máquinas destruidas e inutilizadas, ni $26.000 millones perdidos en beneficios económicos que podría traer una minería legal y bien hecha; tampoco serían 3.000 los nuevos pobladores migrantes, ni 220 las hectáreas arrasadas por esa maquinaria amarilla. Será mucho más si no se establece una estrategia territorial con apoyo nacional; también podría volverse un problema salido de madre y convertirse en un conflicto, tal como lo sufrió el Bajo Cauca antioqueño y el departamento del Chocó.

Aunque no tenemos experiencias similares, sí hemos afrontado con grandeza y determinación esa ilegalidad minera, y toca seguirlo haciendo hasta encontrar una solución definitiva. Solución que bien podría estar en esos puntos clave desarrollados en problemáticas similares y en territorios que ya lo han sufrido.

No soy quien para recomendar soluciones a tan complejo problema socio-ambiental, pero sí quisiera sugerir que cualquier acción estratégica se soporte en la gobernanza territorial. Así, y de la mano de la ciudadanía, es como se construye una política pública eficaz.

En el reciente acuerdo minero desarrollado en el Bajo Cauca para frenar el uso ilegal de maquinaria amarilla y conjurar un paro minero de 12 días, se pactó, entre otras cosas, lo siguiente: un desmantelamiento voluntario de maquinaria ilegal (dragas y dragones) que estaban afectando ríos y zonas sensibles; un compromiso para la formalización minera, habilitando inicialmente 10.000 hectáreas para avanzar luego a 75.000; la priorización del ordenamiento minero-ambiental, garantizando la protección del ecosistema; y la instalación de mesas técnicas permanentes para la creación de un posible “distrito minero”, protegiendo la economía local dependiente de esta actividad.

Experiencia y ejemplo que bien podría ayudarnos a pensar anticipadamente en una posible solución a la minería ilegal, sin esperar que este problema se salga de control. La experiencia del Bajo Cauca muestra que la salida no estaría solo en combatir la ilegalidad y construir capital social, sino en desarrollar acuerdos en territorio desde la gobernabilidad.