La reciente decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional no es un ataque al Ejecutivo. Es el funcionamiento normal de una democracia que aún conserva su sistema de pesos y contrapesos. Es una institución recordándole al presidente que su poder tiene límites.

Lo grave no es el fallo. Lo grave es la forma en la que el presidente Gustavo Petro reacciona cada vez que alguien le dice “no”. Las Cortes, el Congreso, la prensa, los gobernadores o alcaldes: todo el que cuestiona termina señalado. Para este Gobierno, el control institucional parece una traición.

Después de casi cuatro años de mandato, los resultados de las principales apuestas del gobierno Petro son bastante cuestionables.

La llamada “paz total” terminó fortaleciendo a los grupos armados ilegales. La extorsión creció, la inseguridad volvió a tomarse regiones rurales enteras y el Estado retrocedió en territorios donde hoy mandan estructuras mafiosas perdiendo su soberanía.

En salud, el país vive desabastecimiento de medicamentos, incertidumbre para los pacientes y un sistema financiero asfixiado por decisiones improvisadas. Se quiso destruir lo existente sin tener un plan claro para construir algo mejor.

En economía, la inversión se enfrió, la confianza empresarial cayó y miles de empleos se perdieron mientras el Gobierno enviaba mensajes hostiles al sector productivo. Reformas mal diseñadas y sin concertación, han sido la constante para este periodo.

En política exterior, Colombia pasó de ser un socio confiable a un actor errático, más guiado por una ideología que por el interés nacional.

Y frente a cada fracaso, el libreto es el mismo: buscar culpables. Nunca hay autocrítica. Todo es culpa del “establecimiento”, del Congreso, de las cortes o de una supuesta conspiración permanente para afectar el “mandato popular”.

El decreto de emergencia económica hecho por Petro es apenas otra muestra de esta lógica: cuando la democracia estorba, se intenta gobernar por decreto.

Las emergencias están pensadas para crisis excepcionales, dijo la Corte, no para tapar la falta de gestión ni sustituir el debate democrático. Por eso la Corte actuó correctamente. Recordó que el país no es un experimento político ni mucho menos una causa personal.

Este nuevo episodio de desgobierno deja una lección profunda: las instituciones importan. Y también importa quiénes las dirigen.

Gobernar no es polarizar. No es dividir. No es victimizarse. Gobernar es resolver problemas, construir consensos y respetar las reglas. Hoy el país necesita líderes que entiendan que el poder es prestado, que la crítica fortalece y que la democracia se ejerce con responsabilidad.

Finalmente, como ciudadanos tenemos una tarea clara: no olvidar. Evaluar con serenidad estos años, exigir resultados y, cuando llegue el momento, votar con memoria.

Porque el futuro de Colombia no se define en discursos, sino en las urnas.