La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, puso sobre la mesa una de las alertas más preocupantes sobre la minería ilegal en el departamento: las ganancias de estas estructuras podrían alcanzar hasta los $5.000 millones mensuales, una cifra que supera con creces los ingresos legales por regalías.

La advertencia fue hecha durante el foro sobre minería realizado en Bogotá, donde la mandataria evidenció la dimensión económica que ha alcanzado esta actividad ilícita en el sur del Tolima, particularmente en municipios como Ataco y Chaparral. Allí, según explicó, no solo se lucra la extracción de oro, sino también toda una economía paralela alrededor del ingreso de maquinaria pesada.

“Tenemos, supremamente, claro aquí se están beneficiando no solamente por lo que entran a recibir en los porcentajes por la extracción de oro que se hace, sino además porque por cada máquina que ingresan al territorio estas estructuras criminales cobran entre $5 y $8 millones. Es decir, que esos grupos, podría decirlo a nivel nacional, les es más rentable fortalecer sus finanzas con la extracción ilegal de estos minerales que de la misma que el mismo narcotráfico como tal”, reveló Matiz.

En ese contexto, la gobernadora insistió en que el fenómeno no solo refleja la capacidad financiera de los grupos ilegales —entre ellos el Frente Ismael Ruiz, al que señaló directamente—, sino también las debilidades institucionales para enfrentarlos. Uno de los principales problemas, dijo, radica en la falta de herramientas legales para frenar el tránsito de maquinaria que, aunque termina siendo usada en actividades ilícitas, cumple con los requisitos formales.

“Yo sí creo que necesitamos reglas claras; y me refiero con un caso muy sencillo y es, por ejemplo, cuando llevan la maquinaria pesada a estos territorios ¿Cómo hacen para circular libremente por nuestras vías? Cuando uno establece controles viales (…) ellos paran la máquina, muestran los papeles (…) entonces los policías dicen: yo no puedo detener puedo decomisar esa máquina porque está todo en regla”, explicó.

La desproporción entre la economía legal y la ilegal fue otro de los puntos críticos expuestos por la mandataria. Mientras el departamento recibe menos de $500 millones mensuales por regalías de oro, las organizaciones criminales estarían captando hasta diez veces más por explotación ilegal.

“Nos sentimos solos en el territorio y no parece que tuviéramos apoyo de las entidades del orden nacional. Nosotros en el Departamento recibimos menos de $500 millones mensuales por regalías de oro, mientras que esos grupos ilegales reciben hasta $5.000 millones mensuales por explotación ilegal de metales”, afirmó.

Ante este panorama, Matiz hizo un llamado al Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio para que priorice una agenda legislativa que cierre los vacíos actuales. Planteó la necesidad de avanzar en aspectos como el registro de comercializadores, el control a proveedores y la trazabilidad del origen de los recursos en la cadena minera.

El pronunciamiento se dio en el marco del foro “Minería, motor económico regional que reclama formalización”, organizado por la Casa Editorial El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos, donde la gobernadora insistió en que la problemática ya no es local, sino de alcance nacional.