Colombia llegará al 2026 sin estar al borde del colapso, pero tampoco con tranquilidad. El próximo año será un punto de inflexión donde convergen elecciones, desgaste institucional y un problema de seguridad que dejó de ser un adorno en el paisaje para volverse el centro del debate nacional.

Nuestro país enfrenta un año electoral altamente polarizado, con elecciones al congreso en marzo y presidenciales entre mayo y junio si hay segunda vuelta. A la presidencia, las encuestas anticipan una contienda reñida, con una segunda vuelta ajustada, en la que el gran desafío será vencer la abstención ciudadana, pues el voto en blanco ronda el 30% en casi todos los sondeos. Sin duda, el ganador será aquel que logre capitalizar la desilusión frente a la radicalización y el fanatismo.

En lo económico, se proyecta un crecimiento del PIB entre 2,7 % y 3 %, impulsado principalmente por el consumo interno y de servicios. No es un mal dato, pero es insuficiente para cerrar brechas sociales profundas o resolver mediamente el desempleo de forma estructural. La inflación, aunque en descenso frente a los picos recientes, se mantendría alrededor del 4,5 %, aún por encima de la meta del Banco de la República. Esto implica que las tasas de interés seguirán siendo relativamente altas, frenando la inversión privada y el crédito productivo.

Uno de los puntos de mayor preocupación, viene por cuenta del manejo de las finanzas del Estado. Con un déficit fiscal cercano al 5 % del PIB, una deuda pública rondando el 60 % del Producto interno, el descontrol en el gasto público y el desfinanciamiento de las pensiones, este será un tema de fuerte debate que merece ser una de las prioridades del próximo gobierno, ya que tendrá un margen de maniobra muy ajustado.

En lo social, el escenario muestra avances pequeños, que se opacan con la frustración acumulada que existe. El desempleo podría ubicarse entre el 9 % y 10 %, con una informalidad que sigue superando el 55 %. Esto significa que, aunque haya crecimiento, buena parte de la población no lo siente en su vida diaria. Sin hablar de la presión permanente por la falta de financiamiento en salud y educación.

En seguridad, el panorama es crítico. Ante la ausencia de una política de seguridad seria, la proyección no es otra que un colapso generalizado, toda vez que persisten los altos niveles de violencia en zonas urbanas y rurales. La producción de coca se mantiene en niveles históricamente altos (más de 200.000 hectáreas cultivadas), siendo el combustible que fortalece las economías criminales.

El reto para el 2026 no será solo desarmar estructuras ilegales, sino recuperar el control institucional en municipios donde el Estado parece haber cedido la soberanía territorial a los bandidos.

El país en el 2026 no estará al borde del abismo, pero caminará sobre una cuerda floja. Será un país que funciona, pero cansado; que crece, pero no despega; que vota, pero desconfía; El verdadero riesgo no es económico ni político por sí solo, sino la incapacidad de construir consensos mínimos en un momento que exige responsabilidad y un verdadero liderazgo.

En 2026, Colombia no se juega una ideología: se juega la estabilidad.