La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

La decisión ratifica el fallo de segunda instancia proferido el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, que había declarado responsable al ganadero por su participación en la conformación y dirección de dicha estructura armada ilegal.

El recurso de impugnación especial presentado por la defensa fue analizado por la Corte Suprema bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra, quien concluyó que existían los elementos probatorios suficientes para mantener la condena.

“En consecuencia, estando demostrado, en el grado de conocimiento requerido para emitir fallo de condena que Santiago Uribe Vélez cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, bajo el contexto y las circunstancias expuestas en esta providencia, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada”, señala el fallo.

Asimismo, la Corte dispuso confirmar integralmente la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, considerados dentro de un concurso de delitos de lesa humanidad.

El caso de Los 12 Apóstoles

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación sostiene que Santiago Uribe habría conformado y dirigido una organización armada ilegal que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.

De acuerdo con la tesis del ente acusador, el grupo conocido como Los 12 Apóstoles tenía como centro de operaciones la hacienda La Carolina, ubicada en jurisdicción del municipio de Yarumal.

Según las investigaciones judiciales, la estructura criminal ejecutó un plan sistemático para asesinar a personas consideradas indeseables y a presuntos colaboradores de grupos armados ilegales que tenían presencia en la región.

Con esta decisión, la Corte Suprema dejó en firme una de las condenas más relevantes derivadas de las investigaciones por la actuación de grupos paramilitares en Antioquia, cerrando una nueva etapa judicial dentro de un proceso que se extendió durante varios años.