Hoy inicia la primera fase de restricciones a convenios interadministrativos por la Ley de Garantías
Durante su intervención en el Ping Pong Político de Econoticias, el abogado Luis Felipe Aranzalez explicó los alcances de la primera fase de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó a regir en Colombia este lunes.
Según Aranzalez, desde esta fecha “queda prohibida la celebración de convenios interadministrativos que impliquen el uso o traslado de recursos públicos entre entidades del Estado”. Esta medida marca el inicio de un periodo de restricciones progresivas a la contratación, establecido por la norma para evitar el uso político de los recursos públicos en épocas preelectorales.
El jurista precisó que esta primera etapa se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, cuando iniciará la segunda fase: “A partir de esa fecha se restringirá toda forma de contratación directa, incluyendo las órdenes de prestación de servicios (OPS), los contratos de apoyo a la gestión y los contratos interadministrativos”.
No obstante, aclaró que solo se permitirá la contratación directa en situaciones excepcionales como emergencias sanitarias o urgencias manifiestas debidamente comprobadas.
Frente a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, Aranzalez explicó que las restricciones podrían extenderse hasta junio, dependiendo del desarrollo de la segunda vuelta presidencial.
En cuanto a los procesos de licitación pública, el abogado enfatizó que estos no se ven afectados por la Ley de Garantías.
“El Estado puede seguir contratando siempre que lo haga mediante convocatorias abiertas con pluralidad de oferentes. Las licitaciones en curso y las que se abrirán el próximo año pueden continuar sin problema”, aseguró el abogado.
Finalmente, al referirse a la obra de la calle 103 en Ibagué, Aranzalez informó que la Secretaría de Infraestructura se encuentra en proceso de publicar los pliegos definitivos para la interventoría del proyecto, y que en los próximos días se consolidará la lista de proponentes interesados en la construcción de esta vía.
“No es que el Estado no pueda contratar de ninguna manera, lo que se restringe es la contratación directa”, concluyó Aranzalez.