En la ‘Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida’ convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Chocó, los mandatarios departamentales envían un mensaje urgente al Gobierno nacional para que se redefinan las políticas de seguridad que garantizan el orden público y se tomen acciones contundentes que frenen la avanzada criminal de los grupos armados ilegales que buscan asumir el control territorial, violando el DIH, cometiendo delitos de lesa humanidad acabando con la vida y el futuro de niños, niñas y adolescentes (NNA).

“La situación de orden público agobia a los gobernadores y alcaldes como primeros respondientes y hace de las comunidades marginadas y de la niñez, en particular, las principales víctimas”, denunció la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y anfitriona del evento.

Por su parte, en la instalación de la cumbre, el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, enfatizó en que “para poder superar la pobreza, garantizar el crecimiento de la economía y la transformación de los territorios, se necesita un trabajo articulado y conjunto entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales”.

Igualmente, el presidente de la FND, advirtió que la situación de inseguridad representa un grave riesgo para la institucionalidad. “Durante este año -lamentó- han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, lo que representa más de un 150% en comparación con el mismo período del año pasado”; ante este panorama, el mandatario enfatizó en que los gobernadores “nos mantenemos dispuestos y seguiremos trabajando, con la esperanza en que el gobierno entienda que el bien superior de la nación es buscar la tranquilidad y el desarrollo social, ambiental y económico de los colombianos, sin color político y a pesar de las precarias condiciones presupuestales”.

A sus voces, se unió el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, señalando que “la seguridad es transversal al desarrollo, si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector, ni condiciones sociales, económicas y ambientales favorables; así mismo, cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el gobierno y las regiones, se fortalecen”. Por esto, hizo un llamado para que ésta situación no se siga materializando y que se trabaje en equipo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para enfrentar con contundencia las amenazas que azotan a las regiones.

Durante la Cumbre de Gobernadores, el general (r.) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, expuso la alarmante radiografía del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el territorio nacional, quienes están siendo instrumentalizados en la minería ilegal, para la movilización de insumos para el procesamiento de droga, el microtráfico, la explotación sexual y como armas de guerra. “En el país, un menor de edad es reclutado cada 48 horas; la dimensión del problema la refleja el total de 463 casos reportados, de los cuales 279 corresponden a niños y 184 a niñas. Solo en 2025, se realizaron 2.900 capturas de individuos vinculados con delitos sexuales contra menores de edad y 12.024 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados y protegidos de situaciones de reclutamiento o explotación”.

Poca prevención, lenta atención

La gestión de riesgo de desastres fue otro de los temas clave en la ‘Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida’; los mandatarios subnacionales coincidieron en que las políticas públicas en materia de atención de desastres se han concentrado exclusivamente en la reacción posterior a los hechos y no en su prevención.

De acuerdo con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, “la naturaleza avisa y a la naturaleza hay que prestarle atención, de ahí la importancia de que los sistemas de alertas tempranas cuenten con constante mantenimiento y actualización, (..) sin embargo, los recursos de las entidades territoriales resultan insuficientes para esta materia”; por otro lado, las transferencias desde el Gobierno central suelen no ser oportunas, como lo señaló la gobernadora de Sucre, Lucy García, “La Mojana dejó de ser esa región productiva y rica donde convergen cinco departamentos para convertirse en una región desolada por las inundaciones. (..) El proceso de atención lleva once años y si bien, en este gobierno se ampliaron los recursos, en febrero cuando se iniciaban las obras de infraestructura de mitigación sobrevino la crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todo se detuvo nuevamente.”.

Las características geográficas de nuestro país y la dinámica del cambio climático y demás retos ambientales que enfrenta el mundo en general, exigen que se priorice la prevención, sobre todo en materia de asignación de recursos y fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales (maquinaria amarilla) que les permita no solo planificar sus acciones para evitar la materialización de desastres sino atender oportunamente las emergencias.

Llamó la atención sobre la insuficiencia de recursos para la atención de la gestión del riesgo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien protestó por la falta de atención que el Estado central le presta a su región, afectada a menudo por el colapso de algunas de sus vías principales generando no solo una afectación en la movilidad hacia el oriente del país, sino al sector productivo que transporta por estas vías cientos de productos hacia diferentes regiones.

La gobernanza en materia de gestión del riesgo es un compromiso de todos los sectores: público, privado y comunitario.