La Policía del Tolima se pronunció oficialmente frente al escándalo ocurrido en el municipio de Carmen de Apicalá, donde un ciudadano fue grabado portando elementos de uso exclusivo de la Policía Nacional, entre ellos casco y chaleco institucional, mientras simulaba controles a motociclistas en una vía del departamento.

De acuerdo con el pronunciamiento del coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los hechos se registraron en horas de la noche del 

17 de enero de 2026, en la vía que comunica a Carmen de Apicalá con Girardot, específicamente en el sector El Paso. En el material audiovisual que circuló en redes sociales se evidencia el uso indebido de prendas oficiales por parte de un civil, así como la presencia de un integrante activo de la institución, quien se encontraba fuera de servicio y presta sus funciones en la estación de Policía Melgar.

La situación, que generó indignación ciudadana y denuncias ante la administración municipal, llevó a que la Policía del Tolima ordenara de manera inmediata la apertura de un proceso investigativo a través de un equipo interdisciplinario, con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias y penales contra los implicados. La institución fue enfática en señalar que este comportamiento “no representa ni corresponde al actuar ético, legal y profesional” de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional.

Desde el gobierno local, el hecho fue calificado como “bochornoso e irresponsable”, al considerar que este tipo de acciones vulneran la confianza ciudadana y representan un grave riesgo para la seguridad pública. De manera paralela, una comisión especial de la Policía del Tolima se desplazó hasta el municipio para verificar responsabilidades, determinar cómo el civil obtuvo los elementos oficiales y establecer si existió negligencia o participación directa de uniformados en la entrega irregular de las prendas.

En su pronunciamiento, la Policía Nacional recordó que el uso, porte o comercialización de uniformes, insignias, distintivos o elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública constituye un delito, el cual conlleva sanciones penales, conforme a la normatividad vigente. Asimismo, rechazó categóricamente este tipo de comportamientos y reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia, la seguridad y la convivencia ciudadana, garantizando que cualquier conducta contraria a los principios institucionales será investigada y sancionada conforme a la ley.

Lo que comenzó como un hecho insólito en la madrugada terminó convirtiéndose en un escándalo institucional, que hoy mantiene bajo investigación a civiles y uniformados, y que ya genera consecuencias administrativas y disciplinarias dentro de la Policía en el Tolima.