El Jeep rojo del escándalo: la historia detrás de la persecución que involucra al hijo de un reconocido empresario

Un Jeep rojo que protagonizó una peligrosa persecución el pasado domingo ha desencadenado una polémica cadena de responsabilidades que inicialmente salpicó al Curador Urbano 1 de Ibagué, Manuel Medina, aunque más tarde se demostró que nada tuvo que ver con los hechos.
Todo comenzó cuando, tras el accidente ocurrido en la carrera 11 con calle 69, en el barrio Ambalá, se verificaron los datos del vehículo involucrado en el sistema RUNT. Para sorpresa de muchos, el Jeep aún figuraba a nombre de Manuel Antonio Medina, lo que llevó a especulaciones iniciales sobre su posible participación en el suceso.
Sin embargo, Medina aclaró rápidamente que había entregado ese vehículo el año pasado como parte de pago a una consignataria, GP Motors, cuyo representante legal es Fabricio Ramírez. El traspaso del vehículo, según se confirmó, nunca se formalizó ante las autoridades de tránsito.
Ante la confusión, Medina contactó a Ramírez para exigir explicaciones y deslindarse públicamente del hecho. En conversación con esta redacción, aseguró sentirse sorprendido e incómodo por aparecer aún como propietario del vehículo, sobre todo tras los daños causados durante la persecución.
Fabricio Ramírez, por su parte, informó desde el extranjero que el vehículo fue vendido posteriormente a un empresario identificado como Andrés Escobar, y que habría sido el hijo de este, Jerónimo Escobar Oyuela, de 22 años, quien usó el Jeep en el momento del incidente.
La versión fue confirmada por la Policía Metropolitana de Ibagué, que identificó al conductor involucrado en los hechos como Jerónimo Escobar Oyuela. El joven fue atendido en la USI del Jordán tras sufrir lesiones leves durante la huida, y posteriormente trasladado a la URI para responder por los hechos.
El historial de Escobar Oyuela no es nuevo para las autoridades, pues se conoció que hace aproximadamente seis años al parecer estuvo involucrado en otro accidente de tránsito.
A pesar de que Medina y Ramírez quedaron oficialmente desvinculados de los hechos, el incidente ha reabierto el debate sobre el control que algunos padres empresarios ejercen sobre el acceso de sus hijos a vehículos de alta gama, así como la responsabilidad legal que implica no realizar oportunamente los traspasos de propiedad.
El caso continúa en investigación y Jerónimo Escobar Oyuela deberá enfrentar cargos por los delitos e infracciones cometidas durante su huida, que incluyó la colisión con un taxi y un Mazda 3 blanco, dejando daños materiales y afectaciones a varios ciudadanos.