La Contraloría General de la República estableció un daño fiscal por $5.670 millones en una auditoría financiera realizada a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), dentro de la cual se identificaron graves hallazgos en varios terminales aéreos del país, incluido el aeropuerto José Celestino Mutis, en Mariquita (Tolima).

El informe señala que la Aerocivil contrató en 2022 la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en aeropuertos de la regional centro sur, sin contar con las debidas licencias y autorizaciones ambientales.

En el caso del aeropuerto de Mariquita, la Contraloría precisó que no existen permisos o autorizaciones de la autoridad ambiental para los vertimientos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Esta omisión vulnera la normatividad vigente y podría representar un riesgo para la salud.

La entidad de control advirtió que la ausencia de permisos no solo implica la violación de la legislación ambiental, sino que también incrementa la posibilidad de contaminación en las fuentes hídricas y de afectaciones sanitarias en la zona de influencia del aeropuerto.

El hallazgo en Mariquita se suma a irregularidades similares en otros terminales aéreos de la región, como Neiva, Pitalito, Guaymaral, Florencia, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón.

Además, la auditoría evidenció baja ejecución en el programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), lo que pone en riesgo la mejora de la conectividad en zonas apartadas del país.