El abogado Juan Carlos Novoa, defensor del exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, reveló detalles inéditos del proceso disciplinario que culminó con una sanción de inhabilidad por 12 años, impuesta por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política.

De acuerdo con Novoa, los hechos que originaron la investigación se remontan al 15 de septiembre de 2023, cuando Hurtado, en ejercicio de sus funciones como alcalde, sostuvo una reunión institucional con el sector cristiano de la ciudad en un hotel de Ibagué, en lo que calificó como un acto de gobierno y rendición de cuentas.

Tras ese encuentro, los pastores asistentes sostuvieron una reunión privada con la candidata Johana Aranda, lo que posteriormente dio lugar a denuncias.

Según explicó el abogado, la Procuraduría asumió de manera indiciaria que ambas reuniones hacían parte de un mismo acto político y que habrían sido convocadas por Hurtado, pese a que durante el proceso no se acreditó esa afirmación.

Incluso, aseguró que el propio ente disciplinario terminó reconociendo que el exalcalde no promovió ni convocó dicho encuentro político.

“La procuraduría ya reconoce que el alcalde no hizo esa convocatoria, que no promovió ni persuadió”, señaló.

No obstante, Novoa advirtió que, pese a ese reconocimiento, la Procuraduría cambió el cargo disciplinario, reprochándole ahora al exalcalde haber permitido una reunión realizada por particulares.

Para la defensa, se pretende responsabilizar a Hurtado por decisiones adoptadas por los pastores cristianos y la entonces candidata.

“Ni siquiera se le debió haber impuesto sanción porque la procuraduría misma reconoce que el alcalde no convocó la reunión ni participó en la reunión", sostuvo.

Novoa afirmó que la decisión sancionatoria no se compadece con la realidad de los hechos y obedece a una mala valoración probatoria.

Por ello, durante la audiencia pública presentó de manera oral los argumentos para que la Sala Disciplinaria, en segunda instancia, revoque la sanción impuesta al exmandatario.

Sobre el futuro del proceso, explicó que la Procuraduría cuenta con un plazo de hasta dos años para resolver la apelación.