La Corte Constitucional tomó ya en su poder el estudio de la Emergencia Económica que fue decretada por el presidente Gustavo Petro y que busca recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.

La ponencia será elaborada por el magistrado Carlos Camargo Assís, quien deberá tomar en cuenta las causas que llevaron al Gobierno a decretar el estado de excepción y gravar con impuestos algunos de los bienes y servicios que adquieren los colombianos.

Para los analistas y críticos de la situación, no se registraron hechos sobrevinientes que llevará a declarar la Emergencia Económica.

Desde el sector empresarial, el Consejo Gremial Nacional, en cabeza del presidente de Andesco, Camilo Sáncjez Ortega, en una carta pidió a la Corte la suspensión inmediata de los efectos del decreto. 

La misiva de la cúpula empresarial señala que esta acción es necesaria para impedir que lo que califican como un uso abusivo de los poderes de excepción afecte la estructura del Estado. 

Para los empresarios, "la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025 es necesaria para impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes. Asimismo, dejaría sin fundamento efectivo la validez de los decretos legislativos que el Gobierno nacional expida con base en el decreto 1390 de 2025.

Desde la política la candidata Paloma Valencia señaló que que Colombia es el país con layor tasa de tributación de la OCDE y no hubo causa para que el Gobierno determinara declarar la Emergencia Económica.

Valencia dijo que lo que existe es una dilapidación del Gobierno en viajes, burocracia y politiquería y es ahí donde están los recursos que se requieren para el funcionamiento de la economía.