Una nueva alerta lanzó la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, que evidencia la permisividad institucional frente a una multinacional en detrimento del agua de los colombianos. 

Desde 1983, Coca-Cola FEMSA - INDEGA SA, explota siete manantiales en la vereda Santa Elena de La Calera. Esa concesión, otorgada inicialmente por 10 años, debió vencer en 1993, según el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974, norma con fuerza de ley que establece con claridad que ninguna concesión de agua puede superar ese término. 

Sin embargo, a pesar de que la ley exige abrir un nuevo proceso de concesión, la CAR ha permitido que la empresa continúe captando el recurso durante más de 40 años, con dos períodos sin título vigente: 1993-1996 y 2006-2014.

Irregularidades

Según la parlamentaria se detecton irregularidades en prórrogas ilegales como las ocurridas en 1996 y 2014, cuando la CAR volvió a entregar concesiones en abierta contravía del límite legal de 10 años. 

Dijo Pizarro, que hoy se pretende de nuevo tramitar una simple prórroga en lugar de abrir un nuevo proceso de concesión. 

Señaló que hay consumos inconsistentes: Entre 2021 y 2024 la empresa reportó consumos que no coinciden con los hallazgos técnicos. En 2023, la CAR descubrió que el consumo real era mucho mayor al declarado, y recomendó requerir el volumen embotellado para verificar la información. 

Daños Ambientales tumbas: Los siete manantiales catalogados como área de especial importancia ecosistémica, fueron cubiertos con concreto, alterando su dinámica natural. 

La CAR ordenó el retiro de esas estructuras y abrió información preliminar, pero aún así mantiene vivo el trámite de prórroga, señaló la señora Pizarro.

El dirigente pidió a la CAR suspender de inmediato el trámite de prórroga a Coca - Cola y abrir un nuevo proceso de concesión, con participación ciudadana y priorizando el uso doméstico y la conservación de los ecosistemas.

Igualmente solicitó a los organismos de control que se investiguen las inconsistencias en los consumos reportados, comparando con el volumen embotellado.

Además dijo que es necesario restaurar la cobertura vegetal y proteger los manantiales de La Calera, vitales para más de 12 mil personas que dependen de la quebrada San Lorenzo.

Pizarro concluyó que "No podemos permitir que se violen las normas ambientales para beneficiar a grandes corporaciones mientras las comunidades enfrentan escasez. Esta denuncia busca que se cumpla la ley y que el agua se administre como lo que es: un bien público y un derecho fundamental".