En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción e inhabilidad general por 15 años impuesta a la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Sandra Patricia Ortiz Garzón, por su participación en política al apoyar en 2019 la candidatura a la Gobernación del Tolima de Rosmery Martínez Rosales.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento resaltó que la funcionaria abusó de su cargo de manera sistemática y reiterada al presionar a dos contratistas que habían sido recomendadas por Emilio Martínez Rosales, hermano de la entonces aspirante, a quienes pidieron un porcentaje considerable de sus honorarios para destinarlos a la campaña política.

El Ente de control demostró que la servidora que en su momento fungió como supervisora de los bilaterales le informó a las contratistas que solo recibirían $1.700.000 del valor pactado, y que el monto restante debía ser devuelto para destinarlo a gastos de papelería, refrigerios, entre otros, que pudiera necesitar la campaña.

En el mismo sentido, el Ministerio Público evidenció que la disciplinable asistió a la oficina de Emilio Martínez Rosales, con el objeto de tratar el incumplimiento en los pagos de las dos funcionarias, la cual estaba ubicada en el lugar que funcionaba la sede política del partido Cambio Radical y dónde se manejaban los asuntos electorales de su hermana, por lo que de manera definitiva calificó la falta disciplinaria en que incurrió como gravísima cometida a título de dolo.