Gustavo Petro entregó la Presidencia, pero dejó sobre el escritorio una factura que alguien tendrá que pagar. Durante los últimos años Colombia consolidó un Estado que gasta mucho más de lo que recauda, se endeuda para cerrar la diferencia y destina una porción creciente de sus recursos a pagar obligaciones del pasado, mientras pierde capacidad para invertir en el futuro.

Las cifras permiten dimensionar el problema. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de $117,8 billones, equivalente al 6,4% del PIB. Más preocupante todavía, el déficit primario llegó al 3,5% del PIB. Traducido al lenguaje cotidiano, significa que al Estado no le alcanzaron sus ingresos para cubrir sus gastos incluso antes de pagar los intereses de la deuda.

Y los intereses ya son una cuenta gigantesca ascienden a $52,1 billones solamente en 2025. Es difícil comprender semejante cifra hasta ponerla en perspectiva, estos son recursos que no construyen una carretera, un hospital, un colegio o un acueducto. Son el precio de haber gastado ayer dinero que no teníamos.

La deuda neta del Gobierno terminó en cerca del 58,5% del PIB y la bruta alrededor del 64,4%. Mientras tanto, la deuda externa total de Colombia (pública y privada) alcanzó en marzo de 2026 aproximadamente US$252.493 millones, equivalentes al 52,7% del PIB, en pocas palabras estamos endeudados hasta el cuello. Esto no significa que Colombia esté quebrada ni que mañana vaya a declararse insolvente. Significa algo diferente y suficientemente grave; cada vez tenemos menos margen de maniobra. Una familia puede tener ingresos importantes y aun así vivir financieramente asfixiada si buena parte de su salario ya está comprometida antes de comenzar el mes. Eso empieza a ocurrirle al Estado colombiano.

Aquí está probablemente la herencia económica más complicada del gobierno Petro. Se quiso construir un Estado capaz de garantizar más derechos, entregar más subsidios y asumir mayores responsabilidades sociales, pero no se consiguió construir al mismo ritmo la economía productiva capaz de financiarlo. El gasto permanente creció sin que los ingresos permanentes, la productividad, la inversión y el crecimiento económico aumentaran en proporción suficiente.

La consecuencia está en el presupuesto. Para 2026 se contemplaron aproximadamente $365,8 billones en funcionamiento, $102,5 billones para servicio de la deuda y apenas $88,8 billones para inversión. El Estado colombiano se está convirtiendo progresivamente en una enorme máquina para pagar funcionamiento, transferencias y obligaciones adquiridas, mientras queda menos dinero disponible para transformar el territorio.

Allí aparecen las carreteras aplazadas, los proyectos estratégicos esperando recursos y las regiones reclamando inversiones. Colombia necesita infraestructura para crecer, pero precisamente por su fragilidad fiscal tiene cada vez menos capacidad para financiarla. Se estiman alrededor de $185 billones comprometidos mediante vigencias futuras, mientras existen necesidades gigantescas en infraestructura vial, logística, educativa, energética y hospitalaria.

La salud constituye otra bomba de tiempo. El país terminó con EPS intervenidas, hospitales y clínicas reclamando pagos, proveedores soportando problemas de cartera y una enorme controversia sobre la suficiencia de la UPC. Se puso al sistema en una transformación institucional sin haber resuelto previamente cómo garantizar su sostenibilidad financiera.

En pensiones quedó otra incertidumbre. La reforma permanece atravesada por controversias constitucionales y el intento de movilizar cerca de $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones termino suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

Ecopetrol resume otra contradicción. Aunque sigue siendo operacionalmente sólida, sus utilidades pasaron de $33,4 billones en 2022 a cerca de $9 billones en 2025, mientras Colombia enviaba señales ambiguas sobre exploración de hidrocarburos pese a seguir dependiendo de sus dividendos, impuestos y regalías. Pretender financiar la transición energética debilitando primero una de sus principales fuentes de recursos es poner la silla antes que el caballo.

Estas son las cuentas que recibe Abelardo de la Espriella. La respuesta no puede ser desmontar programas sociales ni paralizar la inversión, pero Colombia necesita austeridad inteligente; revisar burocracia, entidades duplicadas, contratos innecesarios, gastos administrativos, subsidios mal focalizados y programas que consumen recursos sin demostrar resultados. Cada peso público tendrá que justificar su existencia.

Pero recortar no basta. Colombia necesita volver a crecer, recuperar confianza inversionista, garantizar seguridad jurídica, atraer capital, acelerar infraestructura, aumentar exportaciones y fortalecer industria y agroindustria. El nuevo Gobierno tendrá que escoger prioridades porque ya no hay dinero para financiar todas las promesas simultáneamente. Salud, seguridad, educación, infraestructura estratégica, productividad y protección de los más vulnerables tendrán que estar primero. Lo accesorio deberá esperar.

Abelardo recibió las llaves de la Casa de Nariño, pero también una inmensa deuda.