En la era de las redes sociales, la libertad de expresión atraviesa uno de sus mayores desafíos: diferenciar el periodismo de denuncia, del simple ejercicio de difamar. Cada vez es más frecuente encontrar páginas, perfiles o publicaciones que, amparándose en un supuesto interés ciudadano o de “veeduría” difunden señalamientos contra funcionarios públicos o personas del común sin pruebas, sin contraste de fuentes y, en muchos casos, con el único propósito de destruir reputaciones. En Ibagué lamentablemente eso pareciera haberse vuelto costumbre, y basta con un portal improvisado, un perfil anónimo, o una cuenta en redes sociales, para que algunos crean que han adquirido la investidura de periodistas o defensores de los “oprimidos” y realmente no es así. 

Muchos de los portales que se dedican a ello, funcionan bajo una lógica distinta a la del periodismo: publican primero y verifican la información después. Buscan el impacto inmediato, el aumento de seguidores y la viralización de contenidos, cuando el daño ya está hecho, pues en internet, una mentira viaja mucho más rápido que una rectificación y que la verdad.

Frente a este tipo de situaciones, la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que el derecho al buen nombre y a la honra, protegidos por los Artículos 15 y 21 de la Constitución, forman parte esencial de la dignidad humana, y eso deben entenderlo todos aquellos quienes se dedican a vender “fake news” y a difamar a todo aquel que piense diferente, o simplemente no sea de su agrado y afectos.

El artículo 20 de la Constitución Política protege la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero establece un requisito que algunos parecen olvidar deliberadamente: la información debe ser veraz e imparcial, y las acusaciones que se hagan, deben probarse. Ese mandato constitucional no es una sugerencia; es un límite jurídico y ético, pues la libertad de expresión, (a la que algunos de estos personajillos que se dedican a calumniar, suelen apelar para defender su modus operandi), nunca ha sido, ni será sinónimo de libertad para mentir.

El Código Penal colombiano sanciona la injuria, consistente en realizar imputaciones que lesionen la honra o la dignidad de una persona, y la calumnia, que ocurre cuando se atribuye falsamente la comisión de un delito. Cuando estas conductas se difunden mediante redes sociales, páginas web o cualquier medio de comunicación, el perjuicio se multiplica, pues la mentira adquiere un alcance prácticamente ilimitado, pues como advierte Byung-Chul Han “En el enjambre”: “la comunicación digital acelera la circulación de la información, pero esa velocidad suele ir en detrimento de la reflexión y la verificación. En internet, una mentira puede hacerse viral en minutos, mientras la verdad necesita tiempo para ser comprobada”. 

Lo verdaderamente preocupante de todo esto, es la banalización del oficio periodístico. Algunos administradores de páginas creen que publicar un pantallazo, una fotografía fuera de contexto o un mensaje anónimo equivale a realizar una investigación exhaustiva, confundiendo el periodismo con el chisme digital por los que incluso reciben pagos de algún interesado en hacer el daño. 

Es cierto que internet democratizó la posibilidad de informar, y personalmente yo celebro el crecimiento de medios de comunicación alternativos e independientes que se la jueguen por marcar la diferencia. Sin embargo, lo que rechazo con toda claridad son esos “tribunales paralelos” que condenan sin pruebas, sin contexto y sin derecho de defensa, porque cuando el rumor sustituye la evidencia y la calumnia se disfraza de noticia, no solo pierde la víctima, también pierde el periodismo, se erosiona la confianza ciudadana y se debilita el Estado de derecho.

En tiempos de infoxicación, vale la pena recordar una verdad elemental: no todo el que publica informa, no todo el que acusa investiga y no todo el que tiene una página es periodista. El periodismo no usa capucha; da la cara, presenta pruebas y responde por cada palabra que escribe. La democracia necesita periodistas valientes, no fabricantes de rumores apoyados con la inteligencia artificial y el Chat GPT, necesita investigaciones serias, no campañas anónimas de difamación disfrazadas de denuncias ciudadanas que lo único que hacen es restarle credibilidad a los medios y al ya tan desprestigiado periodismo.