La controversia que rodea la captura de un hombre presentado por las autoridades como alias "Popeye", presunto integrante del Frente Joaquín González, dio un nuevo giro durante las últimas horas luego de que un juez ordenara su libertad al considerar que existían cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento mediante el cual fue privado de la libertad. Sin embargo, la decisión no pone fin al proceso penal y el señalado continuará vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Durante la audiencia, la defensa centró buena parte de sus argumentos en desvirtuar la versión entregada por las autoridades tras el operativo realizado el pasado 20 de junio. Según el reporte oficial, el hombre había sido capturado en flagrancia en la vereda San Eloy, zona rural de Rovira, durante un procedimiento conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, donde presuntamente fueron incautadas dos granadas MGL, munición de diferentes calibres, proveedores, un chaleco y panfletos alusivos al Frente Joaquín González.

No obstante, el abogado del procesado sostuvieron que la captura realmente se produjo a la salida de una gallera en el municipio de Prado y no en Rovira. Para respaldar esa afirmación presentaron diferentes elementos de prueba, entre ellos registros fotográficos, testimonios y la reconstrucción cronológica de los hechos, con los que buscaron demostrar que el hombre permaneció durante toda la noche en ese municipio participando en un evento gallístico.

La defensa también cuestionó los tiempos en los que, presuntamente, ocurrieron los hechos descritos por la fuerza pública, al considerar que no serían compatibles con la ubicación del procesado durante la madrugada. De igual manera, expuso otras inconsistencias relacionadas con el procedimiento de captura y con el lugar donde, al parecer, fueron tomadas las fotografías que posteriormente hicieron parte de la presentación oficial del caso.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que existían suficientes dudas frente a la legalidad de la captura, razón por la cual ordenó dejar en libertad al procesado. No obstante, la decisión judicial no constituye una absolución ni implica el archivo de la investigación, por lo que Camilo Díaz deberá seguir compareciendo ante las autoridades mientras continúa el proceso.

El caso comenzó a generar controversia desde el mismo día en que fue anunciada la captura. Horas después del operativo, un ciudadano difundió un video en el que aseguró haber permanecido junto al hoy investigado durante toda la noche en una gallera realizada en Prado. En su relato afirmó contar con decenas de testigos y fotografías tomadas durante la jornada, las cuales, según indicó, demostrarían que el hombre nunca estuvo en la vereda San Eloy durante el tiempo señalado por las autoridades.

En ese mismo testimonio también aseguró que el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado cuando regresaban hacia Ibagué y que, tras una requisa, el procesado fue separado del grupo y trasladado por hombres armados. Incluso manifestó que él, su hermano y un sobrino permanecieron retenidos durante varios minutos sin que, según su versión, les explicaran el motivo del procedimiento.

Las declaraciones alimentaron las denuncias de quienes calificaron el caso como un presunto "falso positivo" judicial, una hipótesis que tomó mayor fuerza tras conocerse la decisión adoptada durante la audiencia preliminar. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad judicial ha establecido que se haya configurado esa conducta, por lo que las denuncias continúan siendo materia de investigación.

Por su parte, las autoridades mantienen la versión oficial presentada tras el operativo y sostienen que la captura fue producto de labores de inteligencia e investigación judicial desarrolladas en coordinación con el Ejército Nacional. En su momento aseguraron que el procesado sería el responsable de labores logísticas dentro del Frente Joaquín González y que el material bélico incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía junto con el capturado.

Ahora será el desarrollo del proceso penal el que permita establecer si las pruebas aportadas por la Fiscalía respaldan la hipótesis inicial o si, por el contrario, las inconsistencias expuestas por la defensa modifican el rumbo de una investigación que, desde su inicio, ha generado un intenso debate en el Tolima sobre la legalidad del procedimiento y las circunstancias en las que realmente se produjo la captura.