La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en la fuga ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en el norte de Bogotá.

La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Merlano por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión, sin posibilidad de acceder a beneficios como suspensión condicional o prisión domiciliaria, debido a sus antecedentes y al intento de escape.

El episodio, considerado uno de los más recordados de la historia judicial reciente, se produjo cuando Merlano fue trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico. Allí, utilizando una cuerda improvisada, se lanzó por una ventana y huyó en motocicleta con ayuda de un hombre. El hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la condena que hoy se hace oficial.

Durante la audiencia, la juez reconoció al INPEC como víctima institucional, al considerar que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad.

Merlano aprovechó la diligencia para ofrecer disculpas públicas a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita, al capitán Álvarez —a quien considera injustamente condenado— y a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, asegurando haber sido víctima de abusos dentro del INPEC.

Cabe recordar que la excongresista ya cumple otras condenas por corrupción electoral. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la sentenció a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes de financiación en su campaña al Congreso de 2018. Con esta nueva decisión, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.