La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, revisó la contratación directa realizada luego de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa por parte de entidades estatales hasta el final del proceso electoral.

La Ley reglamenta excepciones de contratación en los sectores de salud, defensa y seguridad, así como aquellos cuyo objeto contractual hacía referencia a situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito. En total se analizaron 25.685 contratos por un valor de $2.8 billones.

Como resultado de este seguimiento, el ente de control alertó sobre 6.292 contratos realizados de manera directa por más de $2 billones firmados entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026. Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, son los que más contratos reportan una vez entrada en vigor la Ley de Garantías y que no tendrían excepción.

Sobre este seguimiento, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que: “la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”.

Durante su intervención en el foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, añadió que el reto de la Contraloría General es asegurar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de equidad, seguridad y confianza. Es por eso que, el órgano de control implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, en el que se analiza información y se realiza vigilancia y control a los recursos destinados para las elecciones.

Otra parte del seguimiento realizado por la Contraloría General es al uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. En este se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1.68 billones, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística. Posterior a esto, se identificaron 368 contratos directos relacionados por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año iniciada la Ley de Garantías.

“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, manifestó el Contralor General.

“Somos conscientes de que hoy enfrentamos desafíos complejos: la polarización, la desinformación, el orden público y la violencia política, así como las brechas sociales ponen a prueba nuestras instituciones y nuestra capacidad de respuesta. Precisamente por ello, espacios como éste evidencian el esfuerzo al que estamos llamados para fortalecer las garantías electorales, promover prácticas responsables y avanzar hacia mecanismos que reduzcan la desigualdad y dignifiquen la participación democrática”, concluyó.