La comunidad cuestiona el ritmo de ejecución, la cantidad de trabajadores y maquinaria, y pide respuestas sobre un contrato que supera los $20.000 millones. También quedan preguntas sobre la interventoría y la articulación necesaria para que la Gobernación pueda comenzar la pavimentación.

La vía a El Salado tiene hoy dos velocidades, mientras entre las calles 103 y 125 ya se ven redes intervenidas, maquinaria, pavimento en concreto y una expectativa de recuperar la transitabilidad de un primer sector en los próximos meses, al avanzar hacia la calle 125 y El País la percepción de habitantes y veedores es distinta: pocos trabajadores, frentes de obra que consideran insuficientes y una ejecución que, según sus observaciones, no tendría el ritmo esperado.

Y aquí aparece la primera pregunta que merece una respuesta pública y documentada: ¿por qué un tramo avanza visiblemente mientras el otro parece quedarse atrás, si los desafíos son los mismos y la única diferencia por poco es la extensión?

No se trata solamente de comparar dos obras, detrás del tramo 2 hay un contrato de $20.475 millones, según la información contractual disponible, para la construcción, optimización y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado y actividades complementarias en la zona urbana de Ibagué, el contrato fue suscrito en abril de 2026 y tiene como fecha de terminación junio de 2027.

La ejecución está relacionada con el tramo comprendido entre la calle 125 y la zona de El País, corredor que posteriormente necesita quedar habilitado para que pueda avanzar la intervención vial en concreto contratada por la Gobernación del Tolima y ahí está precisamente uno de los puntos que hoy generan más inquietudes.

Un contrato de más de $20.000 millones bajo la lupa

La comunidad y una veeduría han puesto sobre la mesa observaciones concretas sobre el lote 2. Durante un recorrido realizado en agosto, la Red de Veeduría Veemóvil aseguró haber encontrado pocos trabajadores y frentes de obra que, desde su perspectiva, estarían avanzando de manera insuficiente.

El integrante de la veeduría Rubén Darío Calderón manifestó que observaron una ejecución "muy dispersa" y cuestionó que no estuviera el personal que, según ellos, sería necesario para cumplir con el ritmo esperado. También señaló que, de acuerdo con lo que conocen del contrato, deberían existir tres frentes de obra, mientras que durante su recorrido observaron dos frentes dispersos.

Esto debe entenderse como una observación de la veeduría y no como una conclusión oficial sobre incumplimiento contractual. Precisamente por eso resulta necesario que la Alcaldía, la supervisión y la interventoría expliquen cuál es el avance real, cuánto se ha ejecutado física y financieramente y si el número de frentes actualmente activos corresponde a lo establecido contractualmente.

La pregunta es sencilla, pero la respuesta debería estar sustentada en documentos: ¿Cuánto del contrato de $20.475 millones se ha ejecutado realmente y cuánto falta por ejecutar? por lo que sería necesario conocer cuántos trabajadores tiene actualmente el contratista en campo, cuánta maquinaria está disponible, cuántos frentes están formalmente habilitados y cuál es el cronograma actualizado para entregar las redes que necesita el siguiente contrato, pero lastimosamente en el SECOP no hay informes, en los cuales estarían temas tan básicos como el avance de la obra en cifras.

Porque hay algo que no puede perderse de vista: una obra de redes que no termina no solo afecta a quienes viven y transitan por el sector, también puede convertirse en el cuello de botella de la pavimentación que viene después.

La diferencia con el tramo 1 es evidente para la comunidad

La comparación con el tramo 1 resulta inevitable, entre las calles 103 y 125, el Consorcio Vial Ibagué 2026, bajo la dirección del ingeniero Luis Ricardo Ortigoza, reporta avances visibles. Ese tramo tiene aproximadamente 1,5 kilómetros y contempla redes y recuperación vial. Según explicó Ortigoza a Econoticias, ya se habían pavimentado cerca de 4.000 metros cuadrados y se proyectaba terminar durante septiembre el primer sector entre las calles 103 y 115.

Incluso, aunque el contrato tiene plazo hasta febrero de 2027, el contratista ha planteado la posibilidad de recuperar la transitabilidad de buena parte del corredor en diciembre, si se mantienen las condiciones actuales de ejecución.

Eso ha generado una comparación inevitable entre quienes están viendo la obra desde la calle, si en el tramo 1 ya se está pavimentando, ¿por qué en el tramo 2 todavía existen dudas sobre la culminación de las redes? La respuesta no puede reducirse a que "cada contrato tiene su propio ritmo", los ciudadanos tienen derecho a conocer si existen diferencias técnicas, contractuales, logísticas o administrativas que expliquen por qué dos intervenciones que hacen parte de una misma solución presentan resultados tan diferentes.

El problema no termina en las redes

El asunto adquiere mayor importancia porque la Gobernación del Tolima tiene a su cargo la pavimentación en concreto del corredor entre las calles 125 y 171, la Gobernación adjudicó un contrato por $29.217 millones para la pavimentación de este tramo, una intervención que contempla cerca de cuatro kilómetros. También fue adjudicada la interventoría del proyecto departamental.

En otras palabras, existe una cadena de contratos que debe funcionar coordinadamente; primero deben quedar listas las redes. Después deben cumplirse las verificaciones y certificaciones correspondientes. Y posteriormente puede avanzar la pavimentación, por lo que surge otra pregunta de fondo:¿Qué está haciendo la Alcaldía para garantizar que el contrato de redes del lote 2 no termine retrasando el contrato de pavimentación de la Gobernación?

Y surge otra más: ¿Existe actualmente algún tramo de las calles 125 a 171 que haya sido formalmente recibido y certificado para que pueda comenzar la siguiente etapa? De acuerdo con la información entregada por ciudadanos y veedores, hasta ahora no se habría entregado ningún tramo a la Gobernación para iniciar la pavimentación. Esta afirmación requiere ser contrastada oficialmente con la Alcaldía, el IBAL, la Gobernación y los contratistas, pues no basta con la percepción de quienes recorren la obra.

¿Y qué está haciendo la interventoría?

Aquí aparece otro de los puntos que merecen explicación, la comunidad no solamente está preguntando por el contratista, también está preguntando por quienes tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a la ejecución.

• Si existen pocos trabajadores, pocos frentes de obra o una aparente dispersión de las actividades, ¿qué ha dicho la interventoría? Si el avance corresponde al cronograma, ¿cuál es el porcentaje de ejecución física certificado?
• Si existen retrasos, ¿qué requerimientos se han realizado al contratista?
• Si no existen retrasos, ¿por qué la obra presenta una percepción tan distinta frente al tramo 1?

La veeduría Veemóvil también anunció que solicitaría información oficial a la Administración Municipal, la Secretaría de Infraestructura y quienes ejercen la supervisión e interventoría, precisamente para obtener informes técnicos de avance y llegar a conclusiones sustentadas.

En este caso manan las preguntas como fuente recién encontrada: ¿la interventoría está ejerciendo con rigor el seguimiento al contrato y qué informes ha producido sobre el ritmo de ejecución?

¿Dónde están los informes?

Ya habíamos mencionado los informes, realmente la falta de ellos, asunto que merece revisión, en la información publicada en el SECOP no hay rastro, en los registros consultados aparece el contrato de redes del lote 2 por $20.475.924.186, firmado el 10 de abril de 2026, con inicio el 22 de abril y terminación prevista para el 21 de junio de 2027. También aparecen documentos relacionados con el anticipo del contrato.

Sin embargo, antes de afirmar que "no existen informes" es necesario establecer qué documentos deberían estar publicados a la fecha, cuáles corresponden a informes de ejecución, cuáles están en proceso de cargue y cuáles son responsabilidad del contratista, de la interventoría o de la entidad contratante, y como se ve en la imagen no están.

La pregunta pública, entonces, es otra: ¿Dónde están los informes técnicos y financieros que permitan a los ciudadanos saber cuánto se ha ejecutado de los más de $20.000 millones del lote 2? Porque una obra financiada con recursos públicos no debería obligar a los ciudadanos a medir su avance únicamente contando trabajadores o mirando maquinaria desde la calle, una obra de $65.000 millones necesita respuestas a la altura

El panorama completo permite entender la magnitud del proyecto

El lote 1 de la Alcaldía, entre las calles 103 y 125, tiene un valor cercano a $14.436 millones y el lote 2, entre las calles 125 y 171, supera los $20.475 millones; a esto se suma el contrato de la Gobernación para la pavimentación del corredor entre las calles 125 y 171, por $29.217 millones.

Son, en conjunto, más de $64.000 millones comprometidos en estos componentes de la intervención, por eso la discusión ya no puede quedarse en si una máquina estuvo hoy o si había diez trabajadores ayer, la ciudadanía necesita saber si los contratos están sincronizados, si los cronogramas se están cumpliendo, si las redes están siendo ejecutadas y certificadas oportunamente y si la pavimentación podrá comenzar sin tener que esperar meses adicionales.

Mientras tanto, quienes viven en la Comuna 7 siguen soportando cierres, desvíos, polvo, ruido y dificultades de movilidad. Las lideresas Estela Ramírez y Luz Dari Ramírez reconocieron que las molestias pueden ser parte del costo temporal de conseguir una vía nueva, pero también dejaron claro que esperan que la obra termine bien y que después se atiendan problemas como la seguridad vial y la falta de reductores de velocidad en zonas donde transitan niños y mascotas, que por cierto de estas últimas han fallecido o quedado muy lastimadas bastantes.

La comunidad no está pidiendo que la obra se haga a las carreras

Lo que los habitantes del área de influencia de las obras están pidiendo es que los miles de millones invertidos se traduzcan en resultados visibles, verificables y oportunos y mientras el tramo 1 muestra avances que permiten pensar incluso en una recuperación de la transitabilidad antes del plazo contractual, el lote 2 deja abiertas demasiadas preguntas para una obra de esta magnitud.

Desde Ecos del Combeima planteamos unos cuantos interrogantes y sería muy interesante, en beneficio de la información a la comunidad obtener respuesta: ¿Por qué no avanza al mismo ritmo? ¿Cuánto se ha ejecutado realmente? ¿Cuántos trabajadores y frentes exige el contrato? ¿Qué ha certificado la interventoría? ¿Qué requerimientos se han hecho al contratista? ¿Cuándo estará listo el primer tramo para entregarlo a la Gobernación? ¿Y qué pasará si las redes no están listas cuando el contrato de pavimentación esté preparado para entrar?

Son preguntas que no deberían responderse con discursos. Deberían responderse con contratos, informes, actas, porcentajes de avance y fechas, porque en la Avenida Ambalá no solo está en juego una vía. Está en juego la confianza de miles de ibaguereños en la manera como se administran y ejecutan los recursos públicos.