¿Dónde estaba la alcaldesa Aranda mientras Milton Restrepo hizo y deshizo en Ibagué Limpia?
Después de la salida de Milton Restrepo de la gerencia de Ibagué Limpia se abrió un nuevo capítulo alrededor de la situación financiera y administrativa de la empresa y pone nuevamente bajo escrutinio a la alcaldesa Johana Aranda, quien preside la Junta Directiva de esta compañía de capital mixto.
Ecos del Combeima, a través de Ecos Interactiva, conoció en exclusiva los estados financieros de Ibagué Limpia, documentos que permiten dimensionar el panorama que queda tras la salida de Restrepo y que dejan serios interrogantes sobre el manejo de la empresa durante los últimos años.
Las cifras que dejan más preguntas que respuestas
Los estados financieros muestran que los pasivos de Ibagué Limpia pasaron de aproximadamente $10.157 millones en 2024 a $11.574 millones en 2025, mientras que actualmente se habla de obligaciones cercanas a los $12.000 millones.
El dato que más llama la atención está en los gastos administrativos. En apenas un año, pasaron de aproximadamente $1.801 millones a $5.324 millones, un incremento superior al 190%. Mientras los gastos aumentaban, la utilidad neta de la empresa se desplomaba: Ibagué Limpia pasó de registrar cerca de $310 millones en 2024 a apenas $19 millones en 2025.
La deuda privada, entre tanto, prácticamente se duplicó, al pasar de unos $1.473 millones en 2024 a $2.811 millones en 2025, sin tener en cuenta, aparentemente, los más de $3.000 millones que se habrían destinado a la Cumbre Glocal de Economía Circular.
No se trata de cifras menores ni de una diferencia contable sin consecuencias, son números que reflejan un deterioro financiero que obliga a revisar qué decisiones se tomaron durante la administración de Milton Restrepo, pero, sobre todo, qué controles ejerció la Johana Aranda como presidente de la Junta Directiva.
Aranda no era una espectadora
La alcaldesa no ocupaba un cargo simbólico dentro de Ibagué Limpia; como mandataria de la ciudad, preside la Junta Directiva de una empresa en la que Interaseo tiene aproximadamente el 51% de participación, mientras el Municipio de Ibagué posee cerca del 49%.
Aunque la participación privada es mayoritaria, casi la mitad de la compañía está en manos de la ciudad y, por esa vía, existe un interés público que compromete directamente a la Administración Municipal.
De allí que la gestión de Restrepo no pueda analizarse de manera aislada, si los gastos administrativos crecieron más de tres veces, los pasivos aumentaron y la utilidad terminó reducida a cerca de $19 millones, resulta necesario establecer qué información llegó a la Junta, cuándo llegó y qué decisiones tomó la alcaldesa frente a ese escenario.
Aranda tenía asiento en la instancia encargada de conocer la marcha de la compañía, entonces, ¿se discutió allí el aumento de los gastos? ¿Se solicitaron explicaciones a la gerencia? ¿Se revisaron las obligaciones que venían acumulándose? ¿Se advirtió oportunamente que la empresa podía terminar en una situación financiera como la que hoy enfrenta?
Y si la respuesta es que la alcaldesa no conocía la dimensión del problema, el interrogante cambia de forma, pero no desaparece, ¿cómo estaba funcionando el control de la Junta Directiva?
Las actuaciones de Milton Restrepo
Durante la administración de Milton Restrepo no solo se movieron cifras, también se registraron actuaciones que generaron cuestionamientos y que ahora adquieren otra dimensión al conocerse el panorama financiero.
El exgerente protagonizó enfrentamientos con el Concejo de Ibagué por no atender algunas citaciones de control político y, de acuerdo con la información suministrada, tampoco habría tenido una participación activa en algunos consejos de gobierno convocados por la propia alcaldesa.
A ello se suman cuestionamientos por viajes, la construcción de un centro de monitoreo, el cierre de la escombrera municipal y el arrendamiento de un inmueble relacionado con una persona que habría sido denunciada penalmente por Interaseo.
Cada uno de estos episodios puede tener una explicación administrativa, el problema es determinar qué seguimiento hizo la Junta Directiva frente a ellos y qué posición asumió la alcaldesa Aranda como cabeza de ese órgano.
Porque si Restrepo actuaba por cuenta propia, ¿por qué la alcaldesa y la Junta no intervino? y si las decisiones eran conocidas por la Junta, ¿por qué no se tomaron medidas antes de que la situación llegara al punto actual?
Una cumbre de más de $3.000 millones
Uno de los episodios que merece especial atención es la Cumbre Glocal de Economía Circular. El evento permitió proyectar a Ibagué en escenarios nacionales e internacionales y fue presentado como una de las grandes apuestas de la administración de Restrepo.
El reconocimiento institucional de la cumbre no está en discusión. Lo que debe revisarse es su impacto financiero.
Según información conocida por Ecos del Combeima, los gastos asociados al evento habrían superado los $3.000 millones, una cifra de semejante magnitud obliga a establecer cuánto costó realmente la cumbre, cuánto se pagó, qué obligaciones quedaron pendientes y qué beneficios económicos concretos produjo para Ibagué Limpia.
La pregunta, entonces, vuelve a tocar a la Junta, ¿la alcaldesa Aranda conoció y avaló el manejo financiero de este evento? ¿Pidió un balance posterior? ¿Se estableció cuánto dinero regresó a la empresa en forma de negocios, ingresos o nuevas inversiones?
Porque una cosa es que una cumbre sea exitosa desde el punto de vista mediático y otra muy diferente que haya sido rentable para una empresa que hoy necesita ser rescatada.
Escombrera, negocios y libre competencia
Otro de los puntos que requiere explicación es el cierre de la escombrera municipal; durante la administración de Restrepo se tomó esta decisión, pero aún quedan interrogantes sobre su impacto en la operación y en la generación de ingresos de Ibagué Limpia.
La compañía tampoco logró consolidar, al menos de acuerdo con la información conocida, varios de los negocios paralelos que se anunciaron durante ese periodo. Esto lleva a revisar qué proyectos fueron realmente ejecutados, cuáles quedaron en anuncios y por qué una empresa que necesitaba fortalecer sus ingresos terminó enfrentando el escenario financiero que hoy se conoce.
A esto se suma el caso de IGNIKO, empresa ibaguereña que cuestionó actuaciones de Ibagué Limpia y frente a la cual se ha planteado si durante la administración de Restrepo existió una persecución o si, por el contrario, las actuaciones estuvieron justificadas.
Restrepo salió, pero el problema quedó
Finalmente, Milton Restrepo salió de la gerencia de Ibagué Limpia, sin embargo, su salida estuvo acompañada de un remezón en la estructura directiva que lo acompañó y de una reducción cercana a 50 contratos de prestación de servicios, como parte de las medidas para intentar recuperar la viabilidad financiera de la compañía.
La pregunta es por qué estas medidas aparecen ahora y no antes. La alcaldesa Aranda, además, decidió que Ibagué Limpia no será liquidada, sino que se intentará recuperar mediante una reestructuración administrativa y financiera.
Para encabezar esta nueva etapa se perfila Juan Sebastián Fonseca, actual director de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, quien asumiría la gerencia una vez se surta el proceso correspondiente ante la nueva Junta Directiva.
El cambio no se limitará al gerente, Interaseo, socio mayoritario de la empresa, tendrá una participación más determinante en la nueva estructura, incluyendo la designación de un director financiero y un integrante de la Junta Directiva.
Es una señal evidente de que la compañía busca fortalecer sus controles después del escenario que deja la administración anterior.
¿Y quién responde por lo ocurrido?
La salida de Milton Restrepo no puede convertirse en el punto final de esta historia.
Los ibaguereños necesitan conocer qué pasó con los recursos, por qué crecieron los pasivos, qué explica el incremento de los gastos administrativos, cuánto terminó costando la Cumbre Glocal, qué decisiones se tomaron durante la gerencia de Restrepo y quién las vigiló.
Pero existe una pregunta todavía más importante, ¿cuál es la responsabilidad de Johana Aranda como presidente de la Junta Directiva?, porque la alcaldesa finalmente tomó decisiones, retiró a Restrepo, objetó los estados financieros y anunció una reestructuración para evitar la liquidación de la compañía.
Sin embargo, esas actuaciones también plantean un interrogante sobre los tiempos, si los problemas que hoy obligan a reestructurar Ibagué Limpia ya se estaban gestando durante la administración de Restrepo, ¿por qué la intervención de la alcaldesa llegó cuando la crisis financiera ya estaba sobre la mesa?
La Contraloría Municipal tendrá que establecer si existen elementos para determinar las responsabilidades fiscales que correspondan. La Procuraduría deberá evaluar, si encuentra mérito, si existieron posibles omisiones disciplinarias y cualquier eventual responsabilidad penal tendrá que ser determinada por la Fiscalía y los jueces a partir de las pruebas.
