A pesar de una sentencia en firme del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que ordena el traslado urgente del docente José Javier Capera por motivos de salud, la Alcaldía de Ibagué y su Secretaría de Educación siguen sin acatar lo dispuesto por la justicia.

El fallo, que responde a una acción de tutela, reconoce la delicada condición emocional del maestro, diagnosticado con depresión y ansiedad, situación que se ha agravado con el reciente fallecimiento de sus padres. En consecuencia, la orden judicial exige su reubicación en una institución educativa más cercana a su núcleo de apoyo familiar.

La Secretaría de Educación, encabezada por la doctora María Isabel Peña, ha respondido con certificados que aseguran la inexistencia de vacantes, aunque el mismo denunciante denuncia que sí existen plazas disponibles que están siendo ocultadas.

Estas actuaciones han sido calificadas como evasivas por el entorno del docente, quienes advierten que el incumplimiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que politiza una situación médica delicada con fines electorales.

El Juzgado 42 Laboral del Circuito de Bogotá, al conocer el incumplimiento, lanzó una advertencia clara: si en 48 horas no se presentan pruebas de cumplimiento real y verificable, se iniciará un incidente de desacato, lo que podría traer consecuencias legales para las funcionarias involucradas, incluida la alcaldesa Johana Aranda.