La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó serios reparos frente al incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, al advertir que si bien la medida genera un alivio inmediato, podría tener efectos complejos y de largo alcance para la economía y las finanzas territoriales.

En entrevista con El TIEMPO, Matiz explicó que uno de los efectos menos discutidos es el impacto directo sobre los presupuestos de departamentos y municipios, que deberán asumir mayores gastos de funcionamiento sin que exista un aumento proporcional en sus ingresos.

“Nos van a incrementar los gastos de funcionamiento. Entonces son más costos laborales con los mismos ingresos, que va a tener como consecuencia que haya menos inversión”, advirtió.

La gobernadora alertó además sobre el riesgo fiscal que esta situación puede generar y puso como ejemplo concreto el Plan de Alimentación Escolar (PAE), uno de los programas sociales más sensibles para las regiones.

Recordó que el Tolima adjudicó el contrato del PAE para 2026 con el objetivo de garantizar la alimentación de los estudiantes desde el primer día del calendario escolar.

Según explicó, el cálculo inicial del impacto salarial se hizo con un aumento cercano al 7 %, pero el incremento definitivo del 23,7 % cambia por completo el escenario financiero.

“Tenemos mil 200 manipuladoras en ese proceso del PAE y el cálculo que habíamos hecho era del 7%. Y hoy estamos hablando de un 23 por ciento”, señaló.

El salario mínimo para 2026 quedó fijado en $1.760.870, tras un incremento del 23,7 % decretado por el presidente Gustavo Petro, luego de que fracasaran las negociaciones en la mesa de concertación.

Con el auxilio de transporte de $239.130, el ingreso mensual total será de $2.000.000, una decisión que impactará directamente a más del 10 % de la población ocupada del país.