Luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social diera a conocer a las EPS el resultado del análisis de la información de suficiencia que sirve de base para el cálculo de la UPC. 

Depuradas las bases de datos y validada el 93.8 % de la información por el Ministerio, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI adelantó el cálculo de la UPC para 2026 siguiendo la metodología actuarial aprobada para este ejercicio.

El análisis del gremio consideró el gasto en salud reportado en 2024, el ajuste por inflación y el crecimiento de las frecuencias. Producto de este análisis, la UPC del régimen contributivo para 2026 debe ajustarse en 17.33 %, es decir que a partir del 1 de enero la UPC legal en el Régimen contributivo debe ser de $1.785.164 y en el Régimen subsidiado de $1.552.403, si se aplicara la misma proporción de ajuste.

Señala Acemi que el proceso de construcción de la UPC para este año, cuya metodología no fue ajustada, como lo ordenó la Corte Constitucional en enero de 2025, presentó nuevamente la eliminación de un número significativo de registros, es decir servicios prestados a los pacientes, como resultado de un análisis erróneo durante los procesos de calidad. 

Para el caso de las EPS de ACEMI se eliminó el 6.3 % del gasto en salud que equivale a más de 2.1 billones de pesos, que el sistema de salud efectivamente consumió y que no se tendrán en cuenta para el cálculo de la UPC. Esto deriva en la subestimación de la prima.

En igual sentido la incorporación de los análisis realizados por la ADRES como ejercicios de contraste, controvertibles técnicamente, no pueden ser parte del ejercicio de cálculo de la UPC, entre otras razones porque no es de su competencia y porque los mismos presentan errores metodológicos y conclusiones que inducen a error.

De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país. Una prima insuficiente es un sistema deficitario donde los agentes operan con precariedad y los pacientes y usuarios son los más afectados.

La información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud al cierre de octubre de 2025 da cuenta de la mayor siniestralidad que ha tenido el sistema en su historia. 

Datos agregados de todas las EPS indican que este indicador supera el 111 %, donde destaca el mal resultado de las EPS intervenidas y se desconoce el de la Nueva EPS. Este resultado refleja con claridad que la necesidad de ajuste de la UPC para 2025 era mucho mayor al que finalmente se aprobó por el Gobierno. 

Señala Acemi que la historia no puede repetirse porque la asfixia del sistema no puede extenderse un año más. Se estima que a diciembre 31 de 2025 el déficit del periodo alcanzará los 9 billones de pesos, que se suma al de años anteriores y que están representados en carteras atrasadas entre todos los agentes.

Tal y como lo advirtió la Corte Constitucional iniciando el 2025 cuando ordenó al MinSalud el recálculo de la UPC desde 2021 así como la revisión de la metodología. En igual sentido la Corte señaló la importancia de pagar con oportunidad el componente de Presupuestos máximos que cubre buena parte de los medicamentos de alto costo. Ambas órdenes han sido desacatadas por el Gobierno Nacional.

Los recursos adicionales para garantizar un ajuste técnico de la UPC del 17.33 % en el 2026 serían del orden de $15.3 billones. 

Para este mismo año, el Presupuesto General de la Nación contempla un aumento del 17.0% en el presupuesto del sector salud, lo que representa $10.5 billones adicionales respecto del presupuesto actual. A estos recursos se suman recursos adicionales por contribuciones parafiscales, rentas cedidas a los entes territoriales, entre otros, que permitirían financiar el ajuste propuesto.

Es urgente priorizar el aseguramiento. No es compatible la mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud, con el desfinanciamiento persistente de la UPC que es la protección financiera de la población, además de ser una decisión política poco costo efectiva, que derivará en mayor enfermedad y mayor gasto con el paso del tiempo.