Las constantes denuncias por árboles inclinados, ramas sobre viviendas y riesgo de caída en diferentes sectores de Ibagué llevaron a autoridades ambientales y municipales a explicar cómo funciona realmente el proceso de poda y tala, especialmente porque la normativa cambia dependiendo de si existe o no un riesgo inminente.

La explicación fue entregada por Andrea Chacón y Guillermo Gallego Franco, quienes aclararon que no todos los casos requieren el mismo procedimiento ni dependen de la misma entidad.

Según Andrea Chacón, jefe de comunicaciones de Infibague, cuando las ramas afectan luminarias o redes eléctricas, el caso debe ser reportado ante Infibagué, entidad encargada de realizar podas preventivas relacionadas con alumbrado público. El trámite es gratuito y puede hacerse mediante correo electrónico o en la sede del CAMI Norte. Pero cuando se trata de árboles inclinados, enfermos, deteriorados o que requieren tala dentro de predios privados, la competencia pasa a Cortolima, entidad que debe emitir un permiso técnico de aprovechamiento forestal antes de cualquier intervención.

Desde Cortolima, aclaran que la normativa cambia completamente cuando existe un riesgo inminente. Es decir, cuando el árbol amenaza con caer de manera inmediata y puede poner en peligro vidas humanas, viviendas o infraestructura pública. Si el árbol amenaza con caerse por fuertes vientos, lluvias o presenta una inclinación peligrosa, es necesario comunicarse con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo o el Cuerpo de Bomberos de Ibagué.

En esos casos, la Resolución 1847 de 2017 permite que alcaldías, gobernaciones y organismos territoriales actúen directamente sin esperar autorización previa de Cortolima. Sin embargo, deben dejar evidencia técnica mediante actas y registros fotográficos para posteriormente reportar la actuación ante la autoridad ambiental.

El funcionario también aclaró que únicamente un ingeniero forestal con tarjeta profesional puede determinar técnicamente si un árbol realmente representa peligro. “Muchas veces las personas creen que un árbol está en riesgo solo porque quedó cerca de una vivienda, cuando realmente fue la vivienda la que se construyó junto al árbol”, explicó.

Otro de los problemas expuestos por Cortolima tiene que ver con los permisos vencidos. Según la entidad, muchas personas reciben autorización para podar o talar, pero dejan pasar los 90 días de vigencia sin ejecutar el procedimiento y luego responsabilizan a la Corporación por nuevas emergencias o afectaciones.

Las autoridades insistieron en que la ciudadanía no debe realizar podas o talas por cuenta propia, ya que intervenir árboles sin autorización puede derivar en multas y sanciones ambientales. Mientras tanto, el debate sigue creciendo en Ibagué, donde las comunidades reclaman respuestas más rápidas frente a árboles que consideran un riesgo permanente en sus barrios.