Remitir el Acuerdo 008 de 2026 de Melgar al Tribunal Administrativo del Tolima para su revisión. Esa es la solicitud que elevó el exalcalde Gentil Gómez a la gobernadora Adriana Magali Matiz, en medio de cuestionamientos por la legalidad de la iniciativa que crea una sociedad de economía mixta para manejar el tránsito en el municipio y que da piso para que se instalen fotomultas en la vía Melgar - Bogotá.

La petición advierte que el acto tendría vicios de fondo que obligan a su control judicial, entre ellos posibles fallas en el sustento fiscal, la delegación de funciones propias de la autoridad de tránsito y presuntas irregularidades en el trámite dentro del Concejo.

Según lo expuesto, la falta de un análisis de impacto fiscal certificado comprometería la validez del acuerdo, al tratarse de un requisito obligatorio cuando se involucran recursos públicos. A esto se suma el riesgo de trasladar funciones a un esquema con participación privada mayoritaria, lo que podría afectar el control estatal sobre el servicio.

El documento también pone sobre la mesa eventuales consecuencias para el municipio en caso de que el acuerdo sea demandado y suspendido.

En ese sentido, el exmandatario le pidió a la Gobernación actuar dentro de sus competencias y “remita el Acuerdo (…) al Honorable Tribunal Administrativo del Tolima”, con el fin de que sea la jurisdicción contenciosa la que determine su legalidad.

La decisión ahora queda en manos del Gobierno departamental.