El proceso de recuperación del predio ocupado en Villa Resistencia entra en una fase decisiva tras la orden judicial que exige actualizar el censo de habitantes y avanzar en el desalojo definitivo del asentamiento en Ibagué.

La administración municipal estructura el plan de intervención, mientras residentes de sectores aledaños respaldan la decisión y advierten por afectaciones en seguridad y convivencia.

El secretario de Gobierno, Francisco Espín, confirmó que el municipio ya inició la planeación del proceso de caracterización para determinar quiénes habitan realmente en el predio. El objetivo, explicó, es evitar que personas ajenas al asentamiento se registren para acceder a beneficios derivados del fallo.

Según el funcionario, el proceso será adelantado por personal capacitado, con cuestionarios y herramientas que permitan establecer con precisión el tiempo, modo y lugar de residencia de los ocupantes. Además, señaló que la administración se anticipó a la decisión judicial y sostuvo reuniones previas para definir el plan de intervención y el componente operativo.

Uno de los puntos centrales será el cerramiento técnico del lote una vez se ejecute la recuperación. La medida busca impedir nuevas ocupaciones, como ocurrió en intervenciones anteriores en el mismo predio. Espín indicó que esta acción será clave para garantizar que el terreno no vuelva a ser invadido.

En paralelo, la Alcaldía prepara una oferta institucional para las familias que deberán abandonar el lugar. Se evalúan apoyos desde las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, así como programas para menores de edad, adultos mayores y mujeres. También se revisa la disponibilidad de albergues temporales y la eventual inclusión de estas familias en programas nacionales de vivienda.

El secretario estimó que el componente policial del desalojo podría costar cerca de 900 millones de pesos, debido a la necesidad de contar con refuerzos externos para garantizar el orden público durante la intervención. Asimismo, confirmó que la decisión judicial es definitiva y que las acciones legales interpuestas por particulares para frenar el proceso no prosperaron.

Mientras se estructura la intervención, residentes legalmente establecidos en sectores cercanos al predio aseguran que la ocupación ilegal ha generado deterioro en la seguridad, el entorno ambiental y el valor de sus viviendas. 

Uno de los demandantes de la acción popular que impulsó el fallo sostuvo que la comunidad no se opone a que las familias accedan a vivienda digna, pero cuestiona que el terreno haya sido ocupado sin autorización.

El ciudadano afirmó que varios vecinos adquirieron sus propiedades de manera formal o mediante autoconstrucción con estudios técnicos, mientras que el área invadida estaba destinada como zona verde o de protección. 

Según su testimonio, la ocupación se levantó en un terreno no apto para vivienda, lo que ha generado riesgos sanitarios, ambientales y de convivencia.

También aseguró que la presencia del asentamiento ha derivado en presuntas amenazas contra residentes del sector, conexiones irregulares a servicios públicos, deterioro de la vía y tala de árboles, además de la depreciación del valor de las viviendas cercanas.

“Nosotros no nos oponemos a que la gente tenga vivienda digna, pero sí que no se afecte nuestra seguridad. Hemos recibido amenazas y la convivencia se ha deteriorado con la presencia del asentamiento”, manifestó uno de los ciudadanos que promovió la acción judicial.

Los denunciantes piden que el desalojo se ejecute con garantías de orden público y acompañamiento social para las familias que serán reubicadas. Entretanto, la administración municipal avanza en la actualización del censo, la estructuración del operativo y el cerramiento del predio, con el propósito de cumplir los plazos fijados por la justicia y evitar nuevas ocupaciones en el futuro.