A dos años del inicio del gobierno de la alcaldesa Johana Aranda, los principales proyectos de infraestructura y movilidad de Ibagué siguen generando cuestionamientos por parte de veedurías ciudadanas y exintegrantes de administraciones anteriores.

Retrasos, suspensiones contractuales y falta de planeación aparecen como los puntos más reiterados en el balance presentado en Ecos del Combeima.

Rubén Darío Calderón, veedor ciudadano en movilidad e infraestructura, aseguró que desde la veeduría Veemóvil existe una percepción clara de lentitud en la ejecución de obras estratégicas, especialmente aquellas relacionadas con movilidad urbana.

Según indicó, varios proyectos no han avanzado como se esperaba y otros, incluso, no han logrado despegar.

“Muchos de los proyectos que tienen que ver con movilidad han sufrido retrasos. Otros procesos definitivamente no han salido adelante, como el caso del cable aéreo, del cual todavía no conocemos los resultados de la consultoría”, señaló Calderón.

El veedor advirtió que la infraestructura vial y la seguridad se han convertido en los principales “talones de Aquiles” de la administración municipal, al tiempo que persiste una percepción ciudadana de inseguridad en varios sectores de la ciudad.

“El tema de infraestructura vial y la seguridad vial del municipio es un talón de Aquiles para la ciudad, y la seguridad en general se ha visto golpeada en algunos sectores”, afirmó.

Uno de los proyectos más cuestionados sigue siendo el del cable aéreo de Ibagué. Calderón recordó que, aunque su estructuración viene de administraciones anteriores, en el actual gobierno el proceso contractual ha presentado múltiples suspensiones y adiciones presupuestales, lo que genera preocupación por la falta de control y seguimiento.

“Este proceso ya completa más de dos años, ha tenido tres suspensiones y una adición presupuestal en interventoría. Tenemos serios reparos frente al seguimiento que se le ha hecho”, advirtió.

A esto se suman obras viales inconclusas o entregadas fuera de los plazos establecidos, como la carrera Quinta, el puente de la vereda Carrizales y los problemas históricos con el puente de la calle 60, que sigue sin solución definitiva. 

Calderón también cuestionó la ausencia de ciclorrutas en proyectos recientes como la avenida Ambalá, pese a las millonarias inversiones.

“Es un despropósito que en proyectos de casi 35 mil millones de pesos no se haya incluido cicloinfraestructura, violando lo que establece la ley”, sostuvo.

Desde otra orilla, el exsecretario de Planeación y Gobierno, Leandro Vera, coincidió en que uno de los mayores retos de la administración Aranda ha sido la planeación urbana, especialmente de cara a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una herramienta clave para el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

“La administración debe entregar las herramientas para actualizar la planeación urbana. Más que anuncios, se necesitan insumos técnicos claros para lo que viene”, indicó Vera.

El exfuncionario también se refirió a la actualización catastral parcial, señalando que, aunque es necesaria, tendrá impactos significativos en comunas como la 7, 8 y 9, además del sector rural, por el incremento del impuesto predial en más de 120 mil predios.

“Vamos a empezar a ver los efectos reales cuando lleguen los recibos. Este tema coincide con un año preelectoral y puede generar un fuerte malestar ciudadano”, advirtió.

Finalmente, tanto Calderón como Vera coincidieron en que, más allá de los anuncios, la ciudad necesita ejecución efectiva, control a los contratos y resultados visibles en infraestructura y seguridad, áreas que, a mitad del mandato, siguen siendo las más cuestionadas por la ciudadanía.