El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 0182 de 2026, tomó una decisión que profundiza las dificultades del sistema de salud y compromete la atención de los colombianos. 

La medida de trasladar a 6.5 millones de afiliados no representa una mejora técnica; es la consolidación de un modelo que pone en riesgo la vida de los más vulnerables y limita la libre elección de los ciudadanos.

Para Alianza Aliadas, que reúen a 27 gremios del país, en medio de un sistema ya presionado, el Gobierno toma medidas que agudizan la situación al trasladar a 2.6 millones de personas de forma inmediata hacia la Nueva EPS lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes y usuarios, al integrarlos a una entidad con serios desafíos financieros y de calidad.

La organización gremial señaló que la ciudadanía deberá confiar su integridad a una entidad que, desde 2023, está intervenida y administrada por el Estado, y que no publica sus estados financieros desde ese mismo año.

Las cifras señalan que el Gobierno concentrará a 14 millones de afiliados (el 30 % del país) en una estructura operativa que ya registra una alta tasa de insatisfacción, con 626 quejas por cada 10 mil usuarios.

A juicio de Alianza Aliadas, las familias ven limitada su facultad de decidir quién protege su salud, sustituyendo su voluntad por una disposición que altera la continuidad de procesos médicos críticos.

Esta medida impacta la libre competencia y la innovación privada, motores fundamentales de la calidad en el servicio que hoy reciben los colombianos.

El traslado masivo incrementa la presión financiera sobre IPS y hospitales que hoy presentan retrasos en sus pagos, debilitando la infraestructura médica nacional.

Este modelo de estatización afecta el tejido empresarial y pone en riesgo miles de empleos formales en el sector salud.

La salud requiere de estabilidad, no de medidas que generen incertidumbre mientras el sistema atraviesa una crisis. Desde Aliadas, señalamos que este modelo centralizado dificulta las garantías mínimas del paciente, afecta la calidad y compromete el derecho fundamental a la vida. No se construye bienestar sin claridad administrativa y seguridad jurídica.

Hacemos un llamado a los organismos de control para que vigilen el cumplimiento de esta medida. Ante su gravedad, es imperativo que se aplique un control técnico y se agoten las vías judiciales para proteger la estabilidad del sistema y el derecho a la vida.