La Contraloría de Ibagué anunció la apertura de una auditoría especial de fiscalización a Infibagué, luego de las denuncias presentadas por la concejal Sandra Varón sobre presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué.

En diálogo con Econoticias, Barón celebró la decisión: “Hoy se abre un proceso frente a todos los temas que vienen pasando en Infibagué. No se trata solo de asuntos administrativos, sino también financieros, y es importante que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo”.

La concejal cuestionó que Infibagué haya otorgado créditos a entidades como el Ibal e Ibagué Limpia pese a que, según ella, no se actualizan calificaciones desde 2023 ni cuentan con vigilancia de la Superintendencia. “¿Cómo están prestando plata si no tienen la calificación vigente? Todo parece que lo estamos haciendo al revés”, afirmó.

Uno de los temas más polémicos es la contratación de un software por más de $3.750 millones a una empresa del Valle del Cauca bajo la modalidad de licencia SaaS. 

“Es absurdo pagar tanto dinero por algo que no le queda a Infibagué”, sostuvo Barón, quien señaló que el contrato fue adjudicado de manera directa y que la misma empresa recibió otro contrato por $4.500 millones con la Alcaldía dos meses después.

Barón advirtió que esta situación afecta a proveedores locales, como las empresas del clúster TIC del Tolima, que se ven desplazadas por compañías externas. “No sabemos qué hay detrás de esta contratación, pero preocupa que más de $8.000 millones terminen en manos de una sola empresa”, agregó.

La concejal también cuestionó la gestión administrativa de Infibagué, denunciando la eliminación de áreas como la oficina de gestión comercial y de gestión del riesgo, la salida de personal clave, la falta de contratos de apoyo para la oficina de cumplimiento y la presunta existencia de conflictos de interés en nuevas contrataciones.

Lo que revisará

La Contraloría de Ibagué ordenó que la auditoría especial revise cinco puntos claves: La gestión de recursos públicos, contratos y proyectos. El cumplimiento de los requisitos normativos y procedimentales en cada etapa contractual. Si hubo violación al principio de selección objetiva. Posibles vulneraciones a los principios de la contratación pública. Y La omisión de control interno y supervisión en la fase precontractual.

Barón expresó su preocupación de que el proceso termine archivado, pero aseguró que seguirá insistiendo en que haya resultados.

“En Ibagué los entes de control brillan por su ausencia, todo se archiva y no pasa nada. Pero este paso que dimos es un mensaje a la ciudadanía: no tengan miedo de denunciar. Vamos a llevar este tema hasta las últimas instancias y esperar el resultado en seis meses”.

Finalmente, la concejal agradeció a los medios y a la ciudadanía que se ha sumado a estas denuncias. “Esto nos da fuerza para seguir avanzando en los procesos de control político. No vamos a parar”.