La Personería Municipal de Ibagué anunció una vigilancia estricta sobre el proceso contractual más costoso de la actual administración, una licitación publicada el pasado 3 de junio en la plataforma SECOP II, cuyo objeto es la construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como la recuperación de vías urbanas en el marco del programa Combo 3x1, etapa 2.

El contrato, que contempla una ejecución de ocho meses y una inversión de $34.000 millones, ha suscitado múltiples observaciones por parte de ciudadanos e interesados, “ayer entramos a revisar y llevaban más de 30 observaciones al proceso. Seguramente debieron llegar más y el IBAL debe contestar uno a uno esos requerimientos”, explicó el personero Eduardo Espinosa.

Durante la etapa de observaciones, que se extiende hasta el 3 de julio, cualquier ciudadano puede presentar reclamaciones, incluso sin ser proponente, “es un proceso que hasta ahora está empezando, pero ha generado demasiado comentario”, añadió Espinosa, quien también manifestó preocupaciones puntuales frente a los criterios de experiencia exigidos a los oferentes.

Según los pliegos, para acreditar experiencia en redes de alcantarillado se exige haber ejecutado contratos con una longitud mínima del 50% de los 15.166 metros proyectados en PVC, mientras que para el componente de acueducto se requiere una experiencia del 40% sobre los 6.939 metros proyectados, “queremos claridad en ese tema, no entendemos por qué esa diferenciación. Alguien podría pensar que equis proponente vaya a verse beneficiado”, advirtió.

El jefe del Ministerio Público agregó que la Personería estará vigilante del proceso para garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal: transparencia, economía y selección objetiva, “nosotros hacemos la veeduría del tesoro público y que la conducta de estos funcionarios se ajuste a la norma”.

Este contrato es considerado el más ambicioso de la administración Aranda. De forma paralela, ya se publicó una nueva licitación para intervenir la malla vial urbana por un valor de $29.997 millones, a través de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad.

“Tenemos un plan que estamos ejecutando y es un seguimiento a los planes de acción de cada una de las entidades, porque en ellos debe estar expresado de manera clara qué se va a hacer en cada vigencia”, concluyó Espinosa.