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IBAGUÉ - COLOMBIA, 15.Septiembre.2019
Belvedere
  |   18.Julio.2019   |   Por:  
Ecos del Combeima

Nueva gerente del IBAL sería ficha de Emilio Martínez

Ibal
Crédito: 
Ecos del Combeima
Cielo Constanza Moica Susunaga fue designada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo como gerente encargada de la empresa de acueducto y alcantarillado tras la suspensión del ingeniero Mario Casas.

La decisión se da luego de la suspensión que por tres meses impuso a  Mario Alberto Casas la Procuraduría General de la Nación porque al parecer el funcionario vive en un inmueble propiedad de los hijos del contratista Didier Portela, situación que genera un conflicto de intereses porque Casas hizo parte del comité evaluador de las licitaciones que se ganó Portela.   

Cielo Constanza Moica es contadora pública, especialista en Finanzas Públicas de la Universidad del Tolima. Especialista en Gestión y Control de la Calidad, de la Universidad Pontificia de Valencia - España, en convenio con la U. Ibagué.

En algunas de las empresas en las que ha ejercido su profesión en cargos directivos han sido; la Central de Cooperativas del Tolima, la Alcaldía de Ortega, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, la ESAP y el IBAL.

Moica Susunaga posee una experiencia de 25 años en el sector público.

Econoticias conoció que la funcionaria que en la actualidad es directora administrativa y financiera es cuota a nivel político del dirigente Emilio Martínez Rosales. Moica Susunaga fue gerente de campaña al Senador de Rosmery Martínez Rosales.

Respondió la Alcaldía:

En un comunicado a la opinión pública el municipio explicó la decisión adoptada, en el documento se indica que desde la administración se respetan las decisiones de los organismos de control.

“Respetuosa de las decisiones emanadas por la autoridades constitucionales, la alcaldía da cumplimiento a la orden referida y reitera su compromiso de colaboración con el orden institucional. En este mismo marco reafirma la importancia del respeto a la garantía de los derechos procesales que deben ser materia de observación cuidadosa para las partes involucradas, de manera tal que sean seguidos los procedimientos de forma objetiva, evitando la politización de los recursos judiciales, garantizando así las instancias procesales para el ejercicio de la defensa de los derechos constitucionalmente protegidos para la garantía del debido proceso y la procura del buen nombre”.