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IBAGUÉ - COLOMBIA, 16.Octubre.2018
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  |   24.Septiembre.2018   |   Por:  
Ecos del Combeima

Secretario de Hacienda de Ibagué no bajará tarifas del predial este año para mitigar la actualización catastral

Debate Predial
Crédito: 
Ecos del Combeima
En un candente debate Econoticias y Golpes de Opinión polemizaron con el secretario de Hacienda, Juan Vicente Espinosa, el presidente ejecutivo de la CCI, Luis Alfredo Huertas, el presidente del Concejo de Ibagué, Flavio William Rosas y el economista Leandro Vera, el futuro del impuesto predial en Ibagué.

 

El futuro del impuesto predial en Ibagué aún es incierto, la administración presentó un proyecto de acuerdo que segrega por estratos a la ciudad con aumentos desde el 20% hasta el 60% sin ningún tipo de alivio para el sector comercial e industrial.

Sin embargo hoy se presentará una nueva ponencia que se diferencia con la anterior en tres aspectos:

  1. No se tendrá un aumento del 100% los bienes de sector industrial, comercial y de servicios.
  2. Se le aplicará el aumento de 100% a los lotes a los cuales se les aplicará la ley 44 de 1990.
  3. Habrá modulación en el aumento, para el estrato 1 será hasta el 15%, para el estrato 2 será hasta el 20%, para el estrato 3 será hasta el 30%, para el estrato 3 será hasta el 35%, para el estrato 4 será hasta el  35%, y estrato 5 y 6 hasta el 50%. El sector industrial, comercial y de servicios para quienes tengan un avalúo entre 0 y 100 millones el incremento será del 30%, para quienes tengan un avalúo entre 101 y 200 millones será de 40%, para quienes tengan un avaluó entre 201 y 500 millones de pesos tendrán un incremento del 50% y quienes tengan un avaluó de más de 500 millones de pesos tendrán que asumir un incremento del 60%.

Los beneficios de pronto pago entre enero y febrero serán del 15%, en marzo el 10%, abril 5% y a partir de mayo el pleno de la tarifa.

Conozca el Proyecto de Acuerdo 046

Luis Alfredo Huertas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, se refirió al tema e indicó que la disminución del aumento de predial para el sector industrial, comercial y de servicios no es del todo satisfactoria aunque reconoció que por lo menos se escuchó a los empresarios y se brindaron algunos beneficios.

Puntualizó que la mayoría de predios comerciales en la ciudad están por debajo de los 77 millones de pesos por lo que la gradualidad es importante, sin embargo un aumento del 30% continua siendo alto.

“Hace dos años se planteó un aumento y la pretensión de la administración era llegar al tope de la tarifa, sin embargo se acordó quedar en un rango de 10 al 16 x 1.000, sin embargo en Bogotá se encuentran tarifas que van del 5.5 y el 11.3 x 1.000, una diferencia escandalosa”.

Leandro Vera, economista y exdirector de estudios estratégicos de planeación de Ibagué, comentó que se ve con preocupación el impacto que causó el convenio con el IGAC y la aplicación del aumento pues existen tarifas desde  5.5 y el 11.3 x 1.000 en Bogotá pero también se aplican tarifas desde el 1 x 1.000 según el valor del inmueble, una situación que no se da en Ibagué.

“La propuesta que se está haciendo desde la administración solo se ve desde sus ojos y no se está poniendo en el contexto real de la economía tolimense, una economía que tiene problemas por la Reforma Tributaria que afectó el consumo, ahora quieren poner una nueva carga tributaría excesiva que podría afectar aún más la economía”.

William Rosas, presidente del Concejo, indicó que la actualización catastral inició de forma irregular, extemporánea y con una serie de características que deben ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

“Logramos para el 2018 en el Concejo que se mantuviera el incremento del 3% como dice el decreto nacional y no la actualización catastral, en este momento el peor escenario sería que el alcalde no hubiera presentado un proyecto de acuerdo para modificar las tarifas, el escenario en que se presentan alivios tributarios y el escenario de hoy en que debemos centrarnos en cómo se van a comportar los alivios tributarios para el año 2019, es la propuesta del Concejo y debo decir que mis pares lograron una concertación y vamos avanzando, en primer lugar se cae el 1 x 1.000 de la sobretasa ambiental que son cerca de 12 mil millones, por otro lado se aumentan los alivios tributarios, además se logró que los incrementos no sean elevados que suman cerca de 51 mil millones de pesos en alivios tributarios para Ibagué”.

El presidente del Concejo comentó que se ha venido avanzando y lo que se presentó hoy es un alivio tributario para la facturación del 2019 pero no se están modificando las tarifas.

Sin embargo como se está planteando la iniciativa parecería que se estuviera planificando solucionando con paños de agua tibia el problema solo para el siguiente año dejando a la administración entrante con la difícil tarea de reglamentar las tarifas de predial en Ibagué, se debe tener en cuenta que este proyecto debe ser presentado por la Alcaldía y no desde el Concejo.

¿Por qué no se debate la modificación de tarifas y la aplicación de la Ley 1450 del 2011?

Juan Vicente Espinosa, secretario de Hacienda de Ibagué, explicó que sí se analizó el tema pero en la ciudad hay tarifas que son escalonadas, es decir que el estrato 1 en los predios con avaluó entre 0 y 100 millones de pesos pagan el 7.5 x 1.000, la tarifa mínima que tiene el estatuto tributario.

Sin embargo cuando salió el acuerdo del 2012 ese rango se estableció entre 0 y 75 millones de pesos, el acuerdo contempló que los rangos se debían modificar con las actualizaciones catastrales.

“Cuando hicimos un rango del cambio de avalúo para estrato 1, pasaron en promedio de 18 millones de pesos a 40 millones de pesos, es decir siguen estando en la tarifa mínima. Cuando se habla de modificar tarifa se habla de modificar la base de cálculo del tributo, si hoy presentamos una modificación menor al 7.5 x 1.000 lo que tendríamos que decir es que si vamos a bajar el impuesto al estrato 1 a dónde lo voy a compensar después.

La Ley 819 lo que dice es que antes de mover la base de ingresos tiene que compensar con otro impuesto por la misma cuantía por el marco fiscal a mediano plazo, entonces lo que dijimos fue que los avalúos no cambiaron tanto como para que las tarifas aumenten más allá del 7.5 x 1.000, pero si les bajamos tenemos que pensar a quien le subimos”.

El secretario de Hacienda comentó que el aumento de valor catastral no es un cambio sustancial en el valor a impuesto a recaudar e indicó que en Bogotá y otras ciudades las tarifas son más bajas porque sus bases catastrales son más actualizadas y los predios están entre el 80% y el 100% del valor comercial mientras en Ibagué apenas se está entre el 40% y el 50% del valor comercial.

Por lo tanto modificar las tarifas basados en un avaluó catastral implica modificar la tarifa de todos los estratos y en algunos de ellos subir la tarifa promedio, no queremos bajar las tarifas de un estrato para subirlas a otro.

“Si se baja la tarifa se baja el recaudo, si bajo el recaudo tengo dos formas vía tarifa o alivios tributarios, bajar la tarifa a unos estratos nos implicaba reajustar todo el estatuto tributario y a otros sectores afectar las tarifas al alza, entonces planteamos realizar reglas fáciles de entender independientemente de lo que pasó con el avaluó”.

¿Son los alivios tributarios una falacia?

Luis Alfredo Huertas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, afirmó que los alivios son un engaño porque si el avaluó está subiendo en un 125% para el sector comercial, eso de entrada da unas nuevas tarifas al cálculo.

“Están vendiéndolo al revés, hay que confrontar es con la realidad de la ciudad en este momento, aquí hay un problema de caja, las personas tendrán que salir a financiar de alguna manera el pago del predial  y eso generará mayores problemas económicos.

William Rosas comentó que en el momento solo hay dos escenarios, que no se den alivios tributarios o que se den como se están planteando en la ponencia de hoy que estaría entregando alivios tributarios por más de 50 mil millones de pesos a la ciudad.

“Esta es una propuesta y estamos avanzando mejorando los beneficios y es una propuesta de los concejos aplicados que trabajaron en el tema para ampliar la discusión con la Secretaría de Hacienda y los Comités Cívicos”.

El economista Leandro Vera apuntó que se gastaron 9 mil millones del convenio dando como resultado 9.700 predios nuevos, es decir que cada uno costó cerca de un millón de pesos.

“A inicios de año se le preguntó a la administración si habían observado el cambio al precio del metro cuadrado pero la respuesta fue que no se había entregado el estudio hasta enero del 2018, sin embargo el director del IGAC manifestó que se habían presentado avalúos de prueba en el mes de diciembre.

Es importante que se contextualicé este tema porque en este momento no se puede dar un manejo tan simplista al cobro del impuesto, hay que basarnos en cómo vamos a usar el estudio que costó 9 mil millones de pesos para aplicarlo a la contribución. La lógica lleva a identificar cuál debe ser el cambio de la tarifa utilizando el catastro urbano nuevo que se supone está totalmente actualizado”.

El economista afirmó que también hay que esperar el avalúo del sector rural  pues fue una actualización catastral parcializada que no ayuda a ejecutar la proyección financiera del municipio.

¿Qué dice la Secretaría de Hacienda al respecto?

El secretario de Hacienda rebatió el punto de vista de Leandro Vera y afirmó que en primer lugar la actualización catastral debió realizarse durante la Alcaldía de Luis H. Rodríguez y así se hubieran podido hacer los incrementos de forma progresiva, además afirmó que la actualización catastral costó solo 7.200 millones de pesos y no fue parcial según la Ley 44 pues no hay inequidad en los estratos.

“Los alivios no son una falacia como apunta el doctor Huertas, nosotros estamos obligados a aplicar la actualización catastral pero en términos de cifras le puedo decir que en el estrato 1 en promedio en el 2018 se pagó 141 mil pesos, con la actualización pasaría a pasar 158 mil pesos, es decir tuvo un aumento de 17 mil pesos que representan un incremento efectivo del 12.45% independientemente de que el tope fuera el 15%”, comentó Espinosa.

El secretario indicó que una persona de estrato 1 que pague entre enero y febrero podría incluso llegar a pagar menos de lo que pagó en el 2018. Indicó que entiende la preocupación de los ciudadanos por la facturación de enero pero se debe analizar la propuesta que se concertó con los concejales y se está presentando en el cabildo.

¿Está la administración Jaramillo aplicando la Ley 44 y no la 1450 por ser la primera la que le conviene para aumentar las tarifas?

El secretario Juan Espinosa afirmó que la Ley 44 y la Ley 1450 tienen el mismo componente de establecer topes bien sea por modificación de tarifa o valor catastral.

“Nosotros estamos modificando el valor catastral a través de la actualización catastral y es allí donde la Ley 44 dicta hasta que tope máximo tiene la administración autorizado. La Ley 1450 dice que para el incremento de las tarifas no se puede subir el impuesto más del 25%, si fuera para disminución de tarifas no hay posibilidad de que la Ley me ponga un tope de que el impuesto a recaudar no suba a más del 25% si voy a disminuir las tarifas”.

En este momento hay un vacío normativo legal pues en la Ley del 2011 se supedito a que se puede dar la discusión sobre el máximo pago año a año del 25% solo sí hay ajuste tarifario.

“La Ley dice que en caso de que se modifiquen las tarifas el impuesto no puede aumentar más del 25% con excepción a los casos en que corresponda a cambios de los elementos físicos y económicos del predio, es decir una actualización catastral, hay una confusión en los conceptos, la ley es muy clara y dice que cuando se modifiquen las tarifas no puede aumentar más del 25% pero hay una excepción con respecto a los elementos del bien generados por procesos de actualización catastral y ahí se debe uno remitir a la Ley 44”

El abogado administrativo, Wilson Vallejo, se refirió al tema e indicó que son sorprendentes las declaraciones del secretario de Hacienda porque las normas de carácter público y en especial las de cargas tributarias deben ser interpretadas de forma sistemática.

“Cuando se habla de una interpretación sistemática no es hacer una interpretación sesgada, por pedacitos, cuando se hace una interpretación sistemática de las leyes que afectan los inmuebles y la Ley dice que esas modificaciones o actualizaciones tienen que ver con varios factores, esos factores no tienen nada que decir con respecto a la modernización o actualización que haga el propietario de su inmueble.

Lo primero que se debe uno preguntar  es si Ibagué está en condiciones socioeconómicas para hablar de una estratificación superior al estrato 3 o 4, le recuerdo al señor secretario que cuando no lo era consideraba que no. Cuando habla del estrato 1 al 6, le preguntamos cómo puede ser que en un barrio pueda haber casas estrato 5 cuando no hay alcantarillado o vías de acceso, como podemos decir que en los barrios del sur son estratos 1,2 y 3 cuando no hay alcantarillado ni acueducto.

El secretario está desesperado por recaudar dinero, sacarles la plata a los ibaguereños del bolsillo, acabar con la economía, acabar con el poco comercio que hay porque la industria ya la acabaron. Los elementos físicos y económicos no son de los predios individuales, son de la ciudad como tal y por eso la ley 44 no puede ser aplicada en Ibagué, aquí en los últimos 10 años se acabaron los servicios públicos, los escenarios deportivos, los centros de salud, cuando no se tiene eso el alcalde no puede ponerse a pensar en aumentar el recaudo”.

Ingreso Per Cápita por debajo del promedio

Luis Alfredo Huertas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, afirmó que es imperativo observar la realidad de la ciudad pues en Ibagué se tiene el ingreso Per Cápita casi en un 16% con respecto a otras ciudades y solo el 31.8% de los hogares reciben más de 3 SMLV.

“En la mayoría de hogares el promedio es de 2.1 receptores de ingresos, es decir no solo papá y mamá trabajan sino que entran a ayudar los hijos y esos son números de una economía pobre, aquí el 78% de los predios comerciales están por debajo de los 77 millones de pesos y corresponden a tiendas, microempresas, que son los que tendrán que pagar el incremento de impuestos, el daño económico que se le puede hacer a la ciudad es importante”.

Huertas comentó que se afectará significativamente el flujo de caja porque en la mayoría de casos se tendrá que recurrir a la financiación. Para los capitalistas también se afectará el impuesto a la renta del año entrante, además no se tiene claridad sobre lo que vendrá para el 2020 porque el aumento de la actualización catastral para los locales comerciales es del 125%.

El economista Leandro Vera afirmó que más allá del 2019 se deben ver los impactos que se tendrán a futuro pues si alguien tiene un predio estrato 3 que costaba 100 millones de pesos daría que pagaría cerca de 870 mil pesos, con la propuesta actual pasaría a pagar en el 2019 un millón 131 mil pesos, pero si se aplica el nuevo avalúo entregado por el IGAC ese predio pasaría a pagar un millón 740 mil pesos.

“Lo que se podría hacer para que se quede en el mismo millón 131 mil es una modificación tarifaria para que no se le aplique el 8.7 x 1.000 sino de 5.6 x 1.000, nosotros planteamos que se use la actualización catastral para bajar la tarifa”.

Frente al tema el secretario afirmó que si no se usa la actualización catastral para generar mayores ingresos al municipio estarían incurriendo un detrimento patrimonial.

“La modificación de la tarifa, supongamos que eliminamos los rangos dependiendo los estratos, si bajamos todas las tarifas del estrato 1 al 5.5 y así sucesivamente, cuando hago el ejercicio como resultado encuentro que eliminamos el efecto de la actualización catastral y ahí entramos un problema mayor porque no se aumentaría el recaudo luego de invertir 7 mil millones de pesos”.

El secretario de Hacienda explicó que se facturó en el 2018 100 mil millones de impuesto predial de los cuáles se recaudaron 62 mil millones de pesos, si el incremento es de máximo el 25% tendríamos una proyección de 125 mil millones de pesos.

“No se puede subir el 25% a todos los estratos porque se pierde la progresividad entonces si le subimos el 25% al estrato 1 cuánto tendríamos que subirle al estrato 6. La ley contempla los estratos pero da un menú para configurar el municipio, si de 100 mil millones de pesos queremos pasar a 125 mil millones de pesos la facturación es diferente aumentar el 25% del recaudo, a mí me toca llegar a pasar de 100 mil a 150 mil millones de pesos para llegar un recaudo cercano”.

Juan Espinosa puntualizó que por fin en la historia se está tomando un recurso de libre destinación para un objetivo específico que es la reconstrucción de los escenarios deportivos.

“Con la aplicación del avalúo catastral la facturación sería de 190 mil millones de pesos, pero no se alcanzaría a recoger el 50% porque a mayor impuesto menor recaudo, de nada sirve hacer una factura alta para que no la paguen porque en el fondo el contribuyente queda con la deuda y los intereses, por eso buscamos dar alivios tributarios en la amortiguación de la actualización, le damos beneficios de pronto pago”, indicó Espinosa.

El secretario recalcó que la actualización catastral de Ibagué está atrasada con respecto a Bogotá en 10 años por lo que de tener un escenario similar se podría dar otro debate y bajar las tarifas al mismo nivel.

“Los 30 mil millones de pesos que esperamos recaudar no nos los vamos a gastar en almojábanas sino en la reconstrucción de los escenarios deportivos, desde la administración entendimos que al realizar los escenarios deportivos dinamizamos la economía, el turismo, devolvemos el buen nombre de la ciudad como entidad que puede recibir y gestionar recursos de forma transparente”, afirmó Espinosa.

El secretario de Hacienda comentó que se perdieron cerca de 56 mil millones de pesos más la destrucción de los escenarios deportivos.

“El ingreso Per Cápita depende directamente de la dinámica de la industria y la oferta y demanda de ingreso, si crezco poquito no se puede pagar mucho a la gente, si el empleado gana poco pues puede pagar poco, los arriendos son baratos con respecto a otras ciudades pero no en la parte representativa pues al comparar con ingreso es alto”.

Espinosa puntualizó que hay variables que afectan el desempleo en Ibagué como ser la segunda ciudad con más desplazados del país o tener sobreoferta en programas por parte de la academia e indicó que para realmente tener una incidencia positiva se tendrá que hacer un buen manejo a la hora de invertir los recursos.

Pese a ello se ha presentado una situación recurrente en la administración Jaramillo y es el hermetismo con que se maneja la información pues en varias ocasiones se ha intentado llegar a diferentes Secretarías y los encargados se niegan incluso a pasar al teléfono por lo que ha reinado una gran desinformación e incertidumbre.

Inversión y gestión de la adminitración Jaramillo 

Juan Espinosa afirmó que está claro que Ibagué requiere más inversión para equilibrar la economía y salir adelante pero se deben revisar con lupa la exenciones tributarias que se ofrecen a los empresarios pues el modelo que se implementó en la ciudad no funcionó debido a que muchos empresarios empezaron a disfrazarse de empresas nuevas para acceder a los beneficios pero en realidad no generaron nuevos empleos.

“Necesitamos reglas de juego que no incentiven la evasión, nos metimos en las zonas francas porque no tienen ninguna exoneración, vamos a ver si salen adelante con el régimen especial. Necesitamos incentivar más la inversión en Ibagué, hay que construir una política que sirva para este propósito y no se quedé como letra muerta deprimiendo las finanzas del municipio”.

Comentó además que un inversionista no solo busca exenciones de impuestos sino condiciones de servicios públicos, infraestructura vial, seguridad, pues se requieren atractivos sólidos para atraer capital.

“No podemos decir que porque la tarifa del impuesto predial subió no se va a generar empleo, la actualización catastral no tiene nada que ver con el desempleo. Nosotros hubiéramos podido dar esta socialización para noviembre nos ahorramos unos meses de debate pero esa no es la función de esta administración.

El secretario aclaró que la base catastral que tienen para las proyecciones es la que entrará a regir a partir del 1 enero de 2019, por eso sobre la base catastral se tiene el avalúo por tarifa que pasa la facturación de 100 mil millones de pesos a 180 mil millones de pesos.

“Al revisar decimos el incremento será muy alto y nos vamos a la Ley 44 que da unos topes de hasta el 100% y optamos por estratificar estableciendo rangos basados en la nueva actualización catastral, se reconoce el avalúo porque no es opcional y se multiplica por la tarifa vigente y lo que hago es crear un máximo crecimiento sobre el avalúo, lo que termina para el 2019 en una reducción efectiva de la tarifa vía regulación del incremento en el valor del impuesto solo para este año”.

Espinosa comentó que no se puede reglamentar para los años siguientes hasta que no se observe el comportamiento del recaudo en el 2019.

Además comentó que la administración de Guillermo Jaramillo ha gestionado a través del Ministerio de Educación cerca de 118 mil millones de pesos para educación, invirtiendo en Jornada Única casi 180 mil millones de pesos.

19 mil millones de pesos para cambiar los computadores a la comunidad pues antes había 1 computador por cada 8 estudiantes. También 5 mil millones de pesos aprobados por el Ministerio de Vivienda para construir el tanque de agua del sur.

Se gestionaron también 4 mil millones de pesos para la bocatoma de Cay y cerca de 4 mil millones de pesos más para señalización y campañas de prevención.

“Hemos avanzado en el sistema estratégico de transporte, ya tenemos la viabilidad fiscal, expedida por el Ministerio de Hacienda sobre la ciudad. Hay un proyecto que maneja la Secretaría de Desarrollo Rural con una gestión de cerca de 1 millón de dólares para los bosques de paz desde el exterior, además se ha tenido la oportunidad de tener intercambios culturales con la gestión internacional”.

El economista Leandro Vera concluyó que se utilizará la base catastral actualizada con la tarifa plena, es decir no la aumentarán más allá del 15% pero la administración que viene tendrá que entrar a regular las tarifas.

“Nosotros nos comprometemos a presentar otro proyecto de acuerdo el año entrante que aplique para el 2020 pero eso no nos exime que el nuevo alcalde entre a revisarlo, en marzo podemos sentarnos a analizar la mora, la tarifa efectiva, el recaudo y demás. Por el año 2018 no habrá ajuste tarifario en Ibagué”, afirmó Espinosa.

Por su parte el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Luis Alfredo Huertas, afirmó que queda preocupado pues bajo su percepción el acuerdo que se presentó el día de hoy ya está concertado y se aprobará como está.