Alexa
Gana Gana
Vergel

790 AM

IBAGUÉ - COLOMBIA, 20.Agosto.2018
Prabyc
  |   09.Agosto.2018   |   Por:  
Ecos del Combeima

"En este momento está en multa, pero si él sigue en vulneración se puede convertir en orden de arresto": abogado Yeison Quintero sobre un fallo en contra del alcalde

Reubicación por zonas de alto riesgo en Ibagué
Crédito: 
Ecos del Combeima
El jurista advirtió que al mandatario local le corresponde reubicar a las familias que residen en zonas de riesgo en vez de entregarles "irrisorios subsidios de arriendo".

 

Un fallo del Consejo de Estado ratifica que la Alcaldía de Ibagué al parecer no está cumpliendo a cabalidad con la reubicación de las familias que residen en zonas de riesgo. En diálogo con Econoticias, el abogadon Yeison Quintero explicó que en el último recurso se profirió una sanción contra el alcalde municipal por la falta de toma de medidas concretas.

"El Consejo de Estado la reprocha a la Alcaldía Municipal en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, así como lo hizo la Corte Constitucional. Inicialmente el fallo sanciona al alcalde pecuniariamente", dijo el jurista, quien ya había acudido a esta redacción el pasado 9 de julio para advertir que existían presuntas irregularidades en el accionar del Gobierno Municipal.

"Muchas veces se le sugirió a las personas que fueran a la Gestora Urbana y se vincularan a las estadísticas para saber con exactitud cuántas familias necesitaban vivienda, pero la verdad eso solo se quedó en una mera encuesta que no tuvo ninguna clase de validez y hasta el momento ninguna de las personas en situación de vulnerabilidad ha tenido un amparo por parte del municipio, incluso algunos beneficiados no han sido reubicados a cero costo, sino que los tienen a través de contrato de arrendamiento", dijo el abogado en esa ocasión.

Yeison Quintero habló de un estimado de 24 mil personas que residen en zonas de riesgo en la ciudad de Ibagué y cuestionó el trabajo de la Secretaría de Planeación y de la misma Gestora Urbana con respecto a los datos exactos que relacionan el número de familias afectadas.

"El alcalde ya lleva prácticamente dos años en omisión del cumplimiento del fallo de tutela (...) en este momento está en multa, pero si él sigue en vulneración se puede convertir en orden de arresto. El Consejo de Estado declara el desacato del alcalde de Ibagué y se deja claro que los contratos de arrendamientos que se le están dando a las personas con un valor irrisorio de $346.000, no es una solución efectiva para que una persona puede tener la garantía del derecho a una vivienda digna", agregó Quintero.