La presidenta de Acodres Bogotá Región, Liliana de las Mercedes Montaño, invitó al Gobierno a los representantes de los trabajadores y a los gremios a fortalecer el diálogo técnico entre Gobierno, empleadores y trabajadores, con el fin de construir soluciones equilibradas que protejan el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad empresarial ni la generación de empleo formal. 

“Nuestro sector gastronómico, quiere seguir creciendo, generando oportunidades y formando equipos que sean ejemplo de desarrollo familiar y profesional. Para lograrlo, necesitamos estabilidad jurídica, gradualidad en las medidas económicas y políticas públicas que acompañen al empresariado formal”.

La dirigente señaló que Acodres  respeta el Estado Social de Derecho, y acata las decisiones adoptadas por las Altas Cortes, reconociendo su competencia constitucional y la importancia de garantizar seguridad jurídica en el país. 

Al mismo tiempo, como gremio que representa a uno de los sectores más intensivos en generación de empleo formal en la ciudad, reiteró el compromiso con el bienestar de los trabajadores, la dignificación del empleo y la mejora en la calidad de vida de quienes hacen parte de nuestra industria. 

“No obstante, advertimos que el incremento decretado, superior al 23 %, genera un impacto acumulado en los costos laborales que puede superar el 35 %, al incluir seguridad social, prestaciones, parafiscales y demás obligaciones derivadas. Este efecto se suma al incremento sostenido de materias primas, servicios públicos, arriendos e impuestos”. 

El sector gastronómico está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, enfrenta márgenes operativos cada vez más estrechos. Sin medidas de alivio tributario, incentivos a la formalización y esquemas de gradualidad, el aumento abrupto de los costos laborales puede: Reducir la capacidad de contratación formal, afectar la sostenibilidad de pequeños negocios, incentivar la informalidad laboral, y generar ajustes operativos que impactan el empleo.  

Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, respaldó la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo, al considerar que su expedición desconoció los parámetros constitucionales y legales que rigen este proceso, tal como lo mencionó el Gremio en la demanda presentada.

El alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, atendiendo los criterios establecidos en la ley, entre ellos la evaluación técnica de variables como la inflación, la productividad, la capacidad de pago de las empresas y el impacto sobre el empleo formal.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esta decisión constituye un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral: “La ilegalidad del decreto era evidente. La fijación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas”, afirmó el líder gremial.

Fenalco reiteró que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país. En Colombia más del 55 % de las personas que trabajan están en situación de informalidad. Esto significa que la gran mayoría de personas —trabajadores informales, independientes y millones de hogares— no se benefician directamente del aumento, pero sí enfrentan sus consecuencias.

Al incrementar de manera desmedida el salario mínimo, los costos de producción y operación aumentan, lo que se traduce en mayores precios de alimentos, transporte, servicios y vivienda. En la práctica, sube el costo de vida para todos, especialmente para quienes tienen ingresos bajos o informales, profundizando las dificultades económicas que se busca aliviar.

El gremio destacó que la decisión del Consejo de Estado restablece el equilibrio institucional, protege el proceso de concertación laboral y reafirma que las políticas salariales deben construirse con responsabilidad técnica, diálogo social y estricto respeto por la Constitución Política.