La Procuraduría General de la Nación, anunció un minucioso seguimiento a la situación de la Universidad Nacional tras el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección del rector del alma mater por infracción de norma superior y falta de competencia del órgano elector.

Ante esta situación el Ministerio Público, requirió formalmente a la Universidad Nacional y al Ministerio de Educación Nacional para que acaten, informen y ejecuten de manera inmediata y transparente las órdenes impartidas por la alta judicatura.

Según la Procuraduría el fallo del tribunal es categórico: el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, además, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación. 

La Procuraduría advierte que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia.

En consecuencia, la Entidad realizará un seguimiento permanente y técnico al proceso de transición institucional, a la adopción de medidas correctivas y a la prevención de nuevas irregularidades administrativas o electorales.

La Procuraduría también verificará que se evalúen, cuando corresponda, las medidas de responsabilidad y repetición frente a decisiones adoptadas por fuera del orden jurídico.

Finalmente, la Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública recuerda que el fallo constituye un mensaje claro para todos los órganos directivos de las Instituciones de Educación Superior del país: las actuaciones electorales no pueden reabrirse, modificarse ni “corregirse” una vez agotado el trámite y expresada la voluntad del elector. Hacerlo es ilegal y genera consecuencias.