La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, firmaron el Acuerdo de Pasca con el campesinado de alta ladera y páramo. 

Dicho documento consta de ocho puntos que van desde la consolidación de Zonas de Reserva Campesina como figuras de ordenamiento agrario con dimensión ambiental, hasta el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos ambientales.

Su firma envió un mensaje clave al país: el campesinado paramuno no es un agente de degradación, sino un aliado activo de la conservación de los ecosistemas de alta montaña, responsables de garantizar el agua para millones de habitantes. Hoy, en San Juan de Sumapaz, esa dimensión ambiental se reafirma normativamente con la modificación de los artículos 3, 6 y 8 de la Resolución 261 de 2018, la cual fue firmada simbólicamente por la ministra Martha Carvajalino frente a más de 150 campesinas y campesinos de Cundinamarca y la zona rural de Bogotá.

“Llegó este Gobierno, elegido por el movimiento popular, ambiental y agrario, con un gran reto: que esa tensión entre el ambiente y la agricultura, y esa Reforma Agraria inconclusa, se empezará a resolver. Yo creo que hoy podemos decir con orgullo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha consolidado la ruta para que nunca más nos digan que los temas ambientales deben derivar en extinción e injusticia con el campesinado”, afirmó Carvajalino durante este acto.

Y es que no se trata de un simple ajuste técnico. Es, en realidad, un punto de inflexión histórico en la manera como el Estado colombiano entiende la frontera agrícola; ya no como un instrumento aislado de planeación sectorial, sino como la pieza normativa que conecta la política agraria con la justicia ambiental y social. Esto en coherencia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Pasca y lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, elevando la frontera agrícola a un verdadero instrumento de planificación productiva y de reconocimiento territorial del campesinado.

Al respecto, Martha Liliana Melo, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, afirmó: “Desde el corazón del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, saludamos la voluntad del Gobierno por avanzar en el reconocimiento de los derechos del campesinado y en su papel histórico en la defensa de la naturaleza. Es un hecho de enorme trascendencia y esta modificación de la resolución nos da un ordenamiento territorial en clave de vida y no de mercado”.

Con esta frontera agrícola incluyente, el Gobierno, envía un mensaje claro de cumplimiento a los acuerdos construidos en los espacios de diálogo, llevando paz a la alta montaña con respeto por las luchas campesinas, marcos normativos sólidos y un modelo de desarrollo rural que une justicia agraria y justicia ambiental.

De esta manera, la Frontera Agrícola se consolida como un pilar de los compromisos de paz, justicia social y gestión de conflictos en el marco del subsistema 3 del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.