El mercado de arriendos en Colombia moviliza más de $27 billones al año, consolidándose como un eje central de la economía nacional, según cifras de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas. 

Actualmente, el 40,3 % de los hogares colombianos, es decir, alrededor de 7,3 millones de familias, viven en arriendo, mientras que el 39 % son propietarios de acuerdo con el DANE. 

Pese a la creciente demanda de vivienda en arriendo, una gran proporción de estos contratos en Colombia aún se celebra de manera informal. Esta falta de formalización expone tanto a propietarios como a inquilinos a riesgos legales, económicos y de seguridad. 

El Libertador, compañía del Grupo Bolívar con experiencia en el sector inmobiliario, ha identificado que esta situación es más común de lo que se piensa y que muchos acuerdos se realizan sin respaldo legal, dejando a las partes sin garantías ante conflictos o incumplimientos.

Los riesgos de la informalidad

La ausencia de un contrato formalizado expone a ambas partes a escenarios complejos. Para los propietarios, el riesgo más común es el incumplimiento en el pago de los cánones de arriendo y la negativa del inquilino a desocupar el inmueble, lo que inevitablemente conduce a procesos judiciales largos y costosos para recuperar la propiedad.

Por otro lado, los inquilinos son vulnerables a fraudes. “Uno de los riesgos más comunes es que la persona que se presenta como arrendador no tenga la autorización legal sobre el inmueble y lo ofrezca únicamente para recibir el pago del primer canon, sin intención de entregarlo realmente. Esta es una práctica común de estafa”, asegura Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo en Seguros Bolívar y del ecosistema inmobiliario El Libertador – Ciencuadras.

Otros riesgos por falta de formalización 

No pago del arriendo sin respaldo legal inmediato.

Cláusulas extralimitadas que afectan al inquilino.

Daños al inmueble sin responsables claros.

Inquilinos que se van dejando cuentas de servicios sin pagar.

Estafas y fraudes por falta de verificación de la propiedad o la identidad.

Procesos legales largos y costosos para resolver cualquier conflicto.

Aunque la Ley 820 de 2003 es la que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, ofreciendo un marco de seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, la aplicación efectiva de esta normativa depende crucialmente de la formalización de los contratos. 

Arrendar a través de una inmobiliaria, la mejor inversión en tranquilidad

Frente a este panorama, arrendar a través de una inmobiliaria es una decisión estratégica que garantiza tranquilidad y seguridad. 

Estas entidades no solo aseguran el cumplimiento de la Ley 820 de 2003, sino que también ofrecen un respaldo legal robusto que minimiza riesgos. “Desde El Libertador se ha identificado que las inmobiliarias han dejado de ser intermediarias para convertirse en aliadas estratégicas tanto del propietario como del inquilino. Hoy, estas cuentan con herramientas tecnológicas para evaluar riesgos, establecer precios justos, realizar avalúos, gestionar la colocación de inmuebles, facturación, declaraciones y seguros”, explica Paola Suárez. Confiar un inmueble a una inmobiliaria, es dejarlo en manos expertas porque este respaldo profesional se traduce en tranquilidad y confianza para todas las partes involucradas en los procesos de arriendo.