El Plan de Desarrollo es el instrumento de planeación cuatrienal en el que se establecen un diagnóstico general del territorio, las metas y presupuestos para las vigencias anuales tal como lo establece la Ley 152 de 1994, en este caso para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027. La dimensión de estos planes varía entre nación, departamento y municipios; no serán similares los planes de desarrollo de Antioquia o Cundinamarca con los de Caquetá o Vichada, o los de Bogotá, Medellín o Cali con los de Popayán, Neiva o Ibagué. Por supuesto, el centralismo de Estado genera inmensas inequidades entre los territorios y si estas existen entre departamentos y ciudades capitales, imaginemos las brechas para los más de 960 municipios de sexta categoría. 

Hoy los departamentos y municipios de todo el país avanzan en la construcción de los planes de desarrollo que servirán como brújula para la superación de problemas y brechas identificadas en los diferentes sectores de inversión y en las poblaciones afectadas (mujeres, víctimas, jóvenes, LGTBI, entre otras).

Debo manifestar que me preocupan enormemente los avances en la construcción de los planes de desarrollo de los municipios más pobres del país, esos de 4, 5 y 6ta categoría que no gozan de recursos ni equipos técnicos suficientes para realizar completos y acertados diagnósticos que  traducidos en metas, productos y proyectos de inversión necesarios, permitan un verdadero  progreso de los territorios en temas de educación, salud, superación de la pobreza, infraestructura, desarrollo agropecuario, turismo, medio ambiente, gestión de riesgos y desastres, entre otros.

Muchos de los planes de desarrollo hasta hoy han sido un “copie y pegue”, la repetición de la repetidera, instrumentos que se han elaborado para escasas apuestas, con metas poco ambiciosas que solo sirven para cumplir requisitos la tarea en el papel, no para mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar la transformación del territorio. La gran pregunta ¿Cómo apostar a grandes logros sin recursos financieros?, pues es acá donde un alcalde debe brillar por su audacia para gestionar recursos del orden departamental, nacional o internacional (cooperación). 

Los escasos recursos de los municipios se deben destinar para gestionar proyectos y cofinanciarlos con aportes de la nación pues es allá donde está el grueso del dinero para acometer grandes obras. Los municipios ZOMAC y PDET, tienen ante sí, la inmensa oportunidad de presentar proyectos para financiarse con “Obras por impuestos”.

El arte de gobernar no es tarea fácil mucho menos para aquellos alcaldes que no gozan de recursos y apenas cuentan con pobres partidas de fuentes como el Sistema General de Participación SGP, Sistema General de Regalías SGR, FONPET y los escasos recaudos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD – producto de lo poco que recogen por concepto de impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y otros. Para nadie es un secreto que a todos los alcaldes les da inmenso temor cobrar impuestos en sus municipios por lo que las actualizaciones catastrales no se dan ni en lo urbano ni en lo rural y los pequeños tejidos empresariales apenas entregan migajas por concepto de industria y comercio debido en gran parte a la desactualización o inexistencia de estatuto tributario y de programas de optimización tributaria.

Mientras se avanza en la construcción de los planes de desarrollo, se debe establecer por parte de los alcaldes y sus equipos de gobierno, una ruta estratégica disruptiva hacia otra visión del desarrollo que merecen los municipios. No nos podemos quedar en el “copie y pegue” plasmando ridículas metas o estrategias que solo servirán para cumplir la tarea en el papel, pero de desarrollo, nada. La apuesta es grande, aun hay tiempo de establecer rutas de desarrollo ambiciosas, más que la plata se necesitan visión, voluntad y capacidad de gestión.