Subsidios a tarifas de aseo, hora de tomar decisiones
Históricamente los ibaguereños hemos terminado pagando, en el más literal sentido de la expresión, el costo de las malas decisiones, los caprichos y necedades de quienes nos han gobernado.
Y esa parece ser la suerte del negocio de las basuras, que, hoy, nos tiene pagando una de las tarifas más elevadas en el país.
En el año 2006, por primera vez el Concejo Municipal de Ibagué, discutió la creación de un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos que tenía como principal objetivo canalizar presupuestos para subsidiar el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los usuarios de menores ingresos, determinados así a través de la estratificación socioeconómica.
La iniciativa del entonces alcalde, Rubén Darío Rodríguez, se materializó en el acuerdo 0012 del 2006, acto administrativo que definió además aportes solidarios de los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales, bolsa de la que también hacen parte transferencias de la Nación y recursos de superávit de las empresas prestadoras, si a ello hubiera lugar, al aplicar el balance de los factores solidarios con relación a los subsidios. (Fácilmente nueve mil millones de pesos al año o más)
El mismo acuerdo fijó como fórmula para la aplicación del beneficio la siguiente: Estrato Uno: Hasta el 70% del costo medio del suministro. Estrato Dos: Hasta el 40% del costo medio del suministro. Estrato Tres: Hasta el 15% del costo medio del suministro.
En el año 2017, siendo alcalde, el ahora ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la fórmula fue objeto de modificación.
El acuerdo 005 de 2017 parecía tener como propósito central, desmontar la transferencia de recursos al prestador de servicios de aseo, vía subsidios y en su lugar incrementar el porcentaje que hasta entonces se aplicaba a las tarifas de acueducto y alcantarillado.
Para Jaramillo se trataba de trasladar ese presupuesto a una empresa pública como el Ibal, bajo su control y convertirla en activos dándole mayor flujo de caja.
Así, el costo se terminó viendo reflejado en las tarifas de aseo que pasaron a tener subvenciones a la luz del nuevo acuerdo del 20% para el estrato 1, 15% para el estrato 2 y apenas un 2% para el estrato tres.
Dicha norma estableció como vigencia fiscal el período 2017-2021.
Hasta ahí las responsabilidades todas frente a lo que hoy se ve reflejado en las facturas, por disposición de residuos sólidos, parecerían recaer sobre la administración Jaramillo.
Y así lo han hecho ver en medios de comunicación, exconcejales y hasta el saliente mandatario Andrés Fabián Hurtado.
Lo novedoso del asunto y que para muchos pasó desapercibido, incluso para el actual jefe de la oposición en el Concejo y excandidato a la alcaldía, Jorge Bolívar, quien como propuesta de campaña incluía dar trámite al proyecto de acuerdo para redefinir la fórmula tarifaria de Jaramillo era que, en efecto, el gobierno de Hurtado sí había presentado una iniciativa a consideración del cabildo local en el año 2022, que fue aprobada con efectos legales hasta el 2026.
El acuerdo 005 del 2022 terminó siendo un ‘copy paste’ de la fórmula de distribución de subsidios del fondo presentada por su antecesor, conservando integralmente el 20, 15, 2 para las tarifas aplicadas a los estratos 1, 2 y 3.
En medio de la molestia frecuente de los ciudadanos que acabamos pagando en la facturación de energía, el doble por aseo que, por el suministro del fluido eléctrico, bajo deficientes condiciones de prestación de servicio, la gran pregunta es qué decisión tomará la alcaldesa Johana Aranda.
Y esa inquietud tiene especial connotación cuando se observa un detalle del acuerdo 005, en el que se lee claramente: “Iniciativa: Johana Ximena Aranda, alcaldesa (e) de Ibagué.”
¿Está dispuesta Aranda a derogar un acuerdo que, al menos protocolariamente, fue de su iniciativa para recalcular la fórmula desequilibrada que tiene todavía 3 años de vida jurídica? ¿Se mantendrá en el ‘copy paste’ de Jaramillo para seguir inyectándole presupuesto al Ibal?
Esa misma pregunta se la transmití a la doctora Aranda a través de su jefe de Comunicaciones, quien aseguró: “Hasta ahora, no ha tomado decisiones sobre ello”
Entre tanto, debe quedar claro que no se trata de regalarle dinero al operador de aseo o premiarlo por su mal servicio, en cambio sí, darle un respiro al bolsillo de los ciudadanos.
Se debe explorar, por un lado, la aplicación de tarifas diferenciales frente a la disposición de residuos sólidos, cuando en muchas unidades residenciales ya se aplican prácticas de separación en la fuente, que facilitan el trabajo del operador y le entregan reciclaje listo para procesar.
Pero también es procedente evaluar si los topes que se subsidian, del mismo fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, para el servicio de acueducto y alcantarillado, en los estratos 1, 2 y 3 se deben mantener inamovibles, cuando es en estos segmentos poblacionales donde mayor desperdicio hay del recurso hídrico, donde se camuflan usos comerciales con domiciliarios como los autolavados con el patrocinio de los grandes contribuyentes y el presupuesto oficial.
Con seguridad, ahora que se habla de pequeñas grandes acciones para los primeros 100 días de gobierno, una decisión, un anuncio sin medias tintas al respecto, resultaría más que apropiado.
