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¿Le va bien con los servidores públicos en el Tolima?

Algunos ejercen su poder con dosis muy altas de soberbia e intereses particulares.
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Suministrada
7 Dic 2022 - 11:37 COT por Ecos del Combeima

Es común ver cómo, algunos colaboradores de entidades públicas, dejan “muy mal paradas” a las entidades que representan porque ejercen su poder con dosis muy altas de soberbia e intereses particulares.

El caso del funcionario de Migración Colombia sobre la agresión a un pasajero, es un muestra más del nivel de empoderamiento negativo que ejercen muchos funcionarios de entidades públicas en el país.

El Tolima, un departamento con un problema histórico de servicio al cliente, no se escapa de esta problemática que paradójicamente comienza desde lo público. Y aunque el servicio en el sector privado tiene una connotación distinta, termina siendo un factor que representa reputación, necesaria en ambos sectores; como lo dijo Walt Disney: “Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos”.

Algunos de los síntomas negativos del servidor público tienen que ver con: empoderamiento de las relaciones con los jefes o gobernantes, delirios de poder, comunicación agresiva, baja empatía y manipulación de procesos.

Este tipo de comportamientos van desde personas cercanas a gobernantes, pasan por funcionarios que controlan el dinero público y llegan hasta cargos operativos de cara a los ciudadanos como supervisores, secretarias y vigilantes.

Quienes son delegados en funciones públicas, deberían transitar por procesos de selección más rigurosos. Si su único interés es el particular o si carece de la empatía que requiere la lógica del servicio, no deberían estar allí. Finalmente, los mas afectados son las caras visibles de las entidades públicas y la imagen de estas mismas organizaciones. 

 

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Hasta ahora, Hurtado, quien fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el caso del estadio, ha insistido en que defenderá su inocencia y en que su proyecto político rumbo a la Gobernación del Tolima continúa en firme.

Colombia cambia de gobierno en pocos días. El empresariado tolimense lleva meses trabajando. Esa diferencia, pequeña en el tiempo pero enorme en los resultados, es exactamente la que va a definir quién aprovecha el nuevo ciclo y quién lo ve pasar desde afuera.

El equilibrio no está en elegir entre creerle a la víctima o proteger al señalado, como suele plantearse en redes, sino en sostener ambas garantías a la vez: canales serios para que las denuncias sean escuchadas, y respeto a la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario.

Anuncios y compromisos puntuales cuyo verdadero significado está en reconocer que el desarrollo nacional no podrá seguir dependiendo exclusivamente de las decisiones tomadas desde el Distrito Capital, sino desde y para las regiones.

El campo tolimense no necesita más cartas bonitas. Necesita resultados. Y su experiencia es garantía de que puede alcanzarlos. Por eso mismo, los retos que tiene por delante no admiten excusas.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.