En 1990, después de haber invertido siete mil millones de pesos de la época, se inauguró el Instituto de Seguro Social de Ibagué. Descrita como la clínica más completa y moderna del sector público del país. Hoy se encuentra en desuso y los 140.000 usuarios que deberían estar cubiertos, están como la salud en el municipio, a la deriva.

Todos sabemos que llegar a urgencias y ser atendido por la EPS es un acto de fé, principalmente porque no hay suficientes servicios de urgencias abiertas en la ciudad. Las EPS pagan una urgencia menos de veinte mil pesos. Independientemente del tratamiento que le den al paciente antes de ser transferido, al centro de salud le llegan menos de veinte mil pesos pagaderos a seis meses. Muy pocos negocios pueden mantener médicos, enfermeros, materiales, servicios públicos…etc por ese valor, independientemente de la cantidad de pacientes que atiendan. Los insumos médicos y requerimientos de la secretaria son estrafalarios para el ingreso que no cubre los costos.

La situación de los servicios de urgencias que aún funcionan, debería indignarnos a todos. Pacientes en el piso sosteniendo su propia intravenosa con médicos y enfermeras haciendo más allá de lo humanamente posible para brindar el mejor servicio. A ellos nos debemos quitar el sombrero y agradecer a diario, un director de Hollywood sacaría al menos una película diaria con el drama tan desgarrador que se vive en nuestras salas de urgencia. No solo de Ibagué, sino de todo el país.

El drama del servicio por parte de EPS no es solo en urgencias, se ha extendido por todos los servicios médicos. Quebrando clínicas, hospitales, perjudicando la calidad humana del servicio de salud y disminuyendo nuestra calidad de vida como usuarios y ciudadanos. Las entidades pagan a seis meses a todos los servicios médicos, imagínense trabajar todo enero y recibir el pago a principios de julio. La salud dejo de ser un derecho, se convirtió en un negocio lleno de burocracia y corrupción. La razón por la que pagan a seis meses es porque las EPS se apalancan con nosotros. En vez de pagar, cogen los ingresos y los trabajan por seis meses antes de pagarles a quien si los han trabajado. He conocido casos de enfermeras del Federico Lleras que no les han pagado por más de tres meses, estas heroínas caminan desde su hogar al servicio por sus pacientes. Piden préstamos para ir a salvar vidas, estamos rodeados de héroes.

Las EPS se toman el atrevimiento de restringirles a los médicos el tratamiento que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de recibir. También se han tomado el atrevimiento de no pagar, quebrar a las clínicas y hospitales, es así como tenemos tres clínicas completamente dotadas y cerradas. La clínica Minerva, la clínica Saludcoop y la clínica del Seguro Social inaugurada hace 30 años. Solo esta última tiene catorce salas de cirugía y gíneco-obstetricia, con el complemento de salas de recuperación y cuidados intensivos, además tiene una unidad de diálisis en el servicio de nefrología.

Esta deshumanización de la salud debe parar, para esto necesitamos una regulación del Gobierno. No podemos seguir retrocediendo en materia de salud, Colombia está en la deshonrosa lista donde la tasa de mortalidad en mujeres en gestación está aumentando. Las EPS no remiten a las mujeres embarazadas a un ginecólogo, porque deben probar que lo necesitan. Todas las mujeres embarazadas deberían ser remitidas a un ginecólogo INMEDIATAMENTE.

Las regulaciones que necesita el sistema solo pueden ser hechas por el Gobierno, las EPS no lo van a hacer por voluntad propia. Nosotros como personas no podemos seguir aceptando este maltrato hacia nosotros y el personal de salud. Peor aun teniendo la infraestructura en desuso, estamos ante una situación inaceptable que urge atención del gobierno.