Jorge Ayala, integrante de la Subdirectiva de Sintranore Seccional Tolima, en diálogo con Econoticias, se refirió a los 12 días de paro que completan las oficinas de Instrumentos Públicos del País debido a la falta de garantías de los trabajadores y el posible cierre de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Según el líder sindical, son dos aspectos que se tuvieron en cuenta para el cese de actividades, uno de ellos el presupuesto para la entidad, “ya que a nivel nacional produce más de 1 billón de pesos anual, este dinero el 72% se va para el Ministerio de Justicia para su funcionamiento y dejan a la Superintendencia con un 28%”.

Es así como debido a las dinámicas económicas que se han venido manejando a nivel nacional “el año que entra tendríamos un déficit por recortes de $15 mil millones, consideramos que a partir de mitad de año del 2020 no tendríamos cómo funcionar, por eso exigimos que la Superintendencia pueda existir, que siga solventándose ya que es un ente que genera recursos”.

Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta para entrar en paro fue “las calidades que tienen los trabajadores dentro de la entidad, como las calidades mínimas en infraestructura, luminosidad, equipos, actualización y educar al funcionario para que asuma las responsabilidades”.

En cuanto a capacidad de empleados, señaló que “la Superintendencia de Notariado y Registro es una de las más antiguas a nivel nacional y por eso la planta de personal nunca ha cambiado, estamos con los mismos 24 funcionarios de toda la vida en Ibagué, y se necesita de mas gente para prestar un mejor servicio y eso se ve en la calidad”.

Explicó que los servicios que se ofertan en las Oficinas de Instrumentos Públicos son “todos los que tengan que ver con propiedad inmobiliaria, compraventas, hipotecas, embargos, desembargos, limitaciones al dominio, cualquier trámite que tenga que hace con el inmueble debe pasar por la Oficina de Instrumentos Públicos”.

En cuanto al paro, explicó que los tramites han estado suspendidos en todo el país, “teniendo en cuenta que somos más de 195 oficinas en el país, y se hizo a nivel interna de los trabajadores una encuesta, si nos íbamos o no a cese de actividades y dijeron que sí porque lo van a liquidar o acabar”.

Sobre el interés del Gobierno Nacional de cerrar estas oficinas, Ayala advirtió que “el ciudadano va ser el afectado porque pasarán a un privado y aumentarán los costos, ahora buscan soluciones e ignorar el paro con unidades móviles pero el documento se lo va recibir alguien que viene de Bogotá, que no tiene responsabilidad en Ibagué y se va llevar su documento, no se sabe a dónde ni quién lo va calificar porque no hay abogado y van a generar una serie de problemas jurídicos a largo plazo”.