En debate de control político citado por la concejal Silva Ortiz, se revelaron preocupantes inconsistencias en el reporte de información que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, realiza ante el Sistema Único de Información (SUI), plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

La lideresa del Centro Democrático cuestionó fuertemente los informes presentados por la entidad, que aseguran una prestación del servicio con una sola interrupción entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en la zona céntrica de la ciudad, en contraste con las denuncias persistentes de comerciantes y empresarios, quienes aseguran sufrir constantes cortes de agua que afectan gravemente su actividad económica.

Quejas formales junto con 55 encuestas, más entrevistas realizadas por la concejal y su equipo, evidencian que los cortes reportados distan de los registrados.

“Aquí, en el recinto de la democracia y de cara a los ibaguereños, ustedes están faltando a la verdad. ¿Un solo corte? Eso es inaudito. Pretender hacerle creer a la ciudadanía que tenemos una prestación del servicio sin intermitencia es desconocer la realidad que viven cientos de usuarios,” explicó.

Las pruebas

Uno de los hallazgos más delicados presentando por Ortiz es que el IBAL, como operador del servicio de agua, no estaría cumpliendo a cabalidad con su deber de reportar todos los eventos de suspensión o afectación del servicio, lo que pone en entredicho la veracidad de la información que reposa en el SUI.

Tras el anuncio, la concejal sustentó su preocupación en antecedentes concretos. Uno de ellos es el Informe de Vigilancia Detallada de la SSPD, publicado el 31 de diciembre de 2024, el cual analiza el comportamiento de la prestación del servicio durante el año 2023 y el primer trimestre de 2024. En dicho informe, en la tabla #7 llamada eventos con reportes de afectación a infraestructura de acueducto, se hace mención a un caso grave de desabastecimiento de agua ocurrido el 21 de febrero de 2024, el cual no fue reportado en el SUI por parte del IBAL.

Este hecho es una omisión grave en el deber legal de la empresa de informar a los entes de control, y pone en duda la transparencia con la que se está gestionando la información pública sobre la prestación del servicio.

“Esto representa una falla en el cargue de la información, entonces aquí yo cuestiono esa labor del IBAL, porque la misma Superintendencia les está haciendo el llamado de atención. Entonces mi pregunta señor gerente delegado ¿están haciendo el cargue con honestidad?”, indicó.

La concejal también presentó otra prueba contundente: una resolución de la SSPD fechada el 21 de mayo de 2024, indica una multa al IBAL por incumplir con la obligación de atender oportunamente los requerimientos del ente de control, en aplicación del artículo 79, numeral 34 de la Ley 144 de 1994 adicionado por los artículos de la ley 1995 de 2019. 
“Esto nos corrobora que lo que nos vienen aquí a manifestar no corresponde con la realidad”, subrayó. 
Luego de esa intervención, la concejala cerró con un enérgico llamado a la responsabilidad institucional y una advertencia: “Lo más delicado es que le digan a un concejal que uno está diciendo mentiras o peor aún cuando nosotros somos en enlace con la ciudadanía: no podamos hacer una llamada, un requerimiento, que no podamos actuar…”.