La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, convoca a entidades del Estado, gremios del sector inmobiliario, administradores de propiedad horizontal, ciudadanía organizada y medios de comunicación al foro “Cobro de IVA por uso de áreas comunes en propiedad horizontal”, que se realizará el próximo 10 de abril a las 8:00 a.m. en el Salón Amarillo del Congreso de la República.

Esta convocatoria responde a la reciente directriz de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que confirmó que las propiedades horizontales que cobren por el uso de zonas comunes como salones sociales, parqueaderos, piscinas, gimnasios o terrazas deberán facturar electrónicamente y pagar el IVA correspondiente. 

La entidad aclaró que esta obligación solo aplica cuando dichos espacios son explotados económicamente o alquilados, no cuando su mantenimiento se cubre con las cuotas ordinarias de administración.

Según la DIAN, la medida está fundamentada en la Sentencia 16866 de 2014 del Consejo de Estado, que ratifica que estos ingresos constituyen servicios gravados con el impuesto sobre las ventas.

Para la representante Olga Lucía Velásquez, esta disposición genera serias inquietudes jurídicas, administrativas y sociales. “Esta decisión transforma la forma en que se entienden las zonas comunes en la vida residencial. Se está asumiendo que cualquier uso adicional o alquiler dentro de una copropiedad debe ser tratado como un negocio, incluso cuando se trata de residentes o copropietarios. Es un debate que debe abrirse urgentemente”, afirmó.

Desde el gremio, Fedelonjas también se expresó su rechazo, señalando que esta medida desconoce la esencia de la propiedad horizontal, imponiendo cargas tributarias injustas que afectarían directamente la sostenibilidad financiera de las residencias y la economía de las familias.

El espacio busca analizar en profundidad esta medida, sus implicaciones y su implementación. Además, se abordará la necesidad de una reglamentación más clara y equitativa que considere la función social de los espacios comunales y las realidades administrativas de las más de 85 mil propiedades horizontales residenciales que existen en Colombia, según cifras de Camacol.

También se pondrá sobre la mesa el impacto que esta disposición puede tener en los presupuestos de conjuntos pequeños y medianos, que suelen alquilar estos espacios para actividades comunitarias o recaudo complementario, sin un ánimo de lucro.

Durante 2024, la DIAN adelantó reuniones con representantes legales de propiedades horizontales en distintas regiones del país, y como resultado de estas gestiones, reclasificó a más de 1.200 copropiedades que estaban obligadas a declarar y pagar el IVA pero no lo hacían. Actualmente, la entidad avanza en labores de reclasificación de oficio a más de 90 conjuntos adicionales.

Esto demuestra que la directriz ya está operando y que los conjuntos que arriendan sus espacios comunes deberán ajustarse a las exigencias del Estatuto Tributario y al régimen de facturación electrónica, bajo riesgo de incurrir en sanciones.

Este será un espacio plural, abierto al diálogo técnico y ciudadano, para construir alternativas que protejan la sostenibilidad de la propiedad horizontal, garanticen seguridad jurídica y promuevan una interpretación razonable del uso de zonas comunes sin criminalizar la convivencia.