La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate la creación del Certificado Étnico Empresarial, el cual busca que el 10 % de los empleados de las empresas pertenezcan a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y rom; lo que les garantizará beneficios para su actividad.

La iniciativa busca incentivar la vinculación de estos grupos poblaciones en las empresas, en los niveles de dirección, supervisión y operación.

El Proyecto propende por generar políticas públicas que le haga frente a la discriminación, que afecta de manera notoria a las minorías, que según las cifras son las mayorías en nuestro país.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la necesidad de adelantar acciones y adoptar políticas públicas que conlleven a superar el racismo que ha afectado el desarrollo laboral de las comunidades NARP.

Alineados con la solicitud de la Defensoría se presentó esta iniciativa que tiene una corresponsabilidad clara, ya que las empresas que adopten estas medidas contarán con descuentos en materia de impuestos y gozarán con un puntaje a favor en las convocatorias, por ejemplo de licitaciones públicas.

El Proyecto 300 de Senado y 123 de Cámara de Representantes, es de la autoría de la representante Astrid Sánchez Montes de Oca y cuenta con un sustento teórico que refleja la brecha de desigualdad laboral que tienen las comunidades NARP.

Según la Organización Afrocolombiana de Derechos Humanos Cimarrón, el ingreso per cápita promedio de las comunidades afro se aproxima a los 500 dólares anuales frente a un promedio nacional superior a los 1.500 dólares.

Otro dato representativo, muestra que el 75 % de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal. Se ubica en un 20 % por debajo del promedio nacional, sin contar con que el 80 % de la población vive en condiciones de marginalidad.

El ministerio de Trabajo emitió concepto favorable sobre esta iniciativa al señalar que “se encuentra acorde con los postulados de generación de empleo y empleabilidad derivados de la promoción de incentivos a favor de la inclusión laboral de personas que se identifiquen como integrantes de comunidades étnicas”.

De esta manera ahora la iniciativa pasa a Plenaria Senado donde se espera su aprobación en último debate, para que luego de la Sanción Presidencial se convierta en Ley de la República antes de finalizar el presente año y tal como lo han señalado diferentes instancias se haga justicia con las comunidades más desfavorecidas del país.