La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez, como presuntos autores de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.

Los elementos materiales probatorios indican que la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, que se construyó para desviar el río Cauca; y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fueron concretados con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.

Esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos.

El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec – Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, presuntamente impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca.

Jorge Ignacio Castaño Giraldo, en su condición de director Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM, habría convenido estas decisiones contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.

En el curso de la investigación se estableció que las obras se realizaron incumpliendo la normatividad ambiental, pues no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales.

Adicionalmente, se constató que la ejecución de las obras causó una afectación grave a los ecosistemas y ocasionó daños irreparables al suelo, al recurso hídrico, la fauna y la flora de la región. Ante estas precarias condiciones ambientales, los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás pobladores residentes en el cañón del río Cauca vieron afectada su subsistencia económica y alimentaria y su seguridad.

Los imputados no aceptaron los cargos formulados por el Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.