Corre en el Congreso de la República una reforma que pretende incrementar las transferencias de dinero que el gobierno central le debe girar a departamentos y municipios a partir del Sistema General de Participación SGP, esto con el fin de aplicar el precepto dictado en la constitución del 91 “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, Descentralizada, con Autonomía de sus Entidades territoriales, Democrática, Participativa y Pluralista, fundada en el Respeto de la Dignidad Humana, en  el Trabajo y la Solidaridad de las personas que la integran y en la Prevalencia del Interés General.” Y es aquí donde el cuasi autor de esta reforma el ministro del interior Juan Fernando Cristo abrió el debate para que estos recursos aumentaran y pudiesen llegar a los departamentos para su ejecución directa resolviendo los problemas de base que tanto afectan a los territorios más alejados o periferia que lleva tantos años esperando las inversiones planeadas desde Bogotá que casi nunca llegan, esto, sin tener que realizar el lobby respectivo dentro de los Ministerios o llegar como lo dice el Senador Guido Echeverri con el proyecto debajo del brazo a rogar por la consecución de estos recursos de la mano de congresistas que aprovechan esta situación para administrar o conseguir réditos electorales.

El sistema general de participación (SGP) es el mecanismo mediante el cual la nación transfiere recursos a las entidades territoriales con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Esta reforma cabe aclarar que no es una iniciativa del gobierno Petro, fue presentada por los congresistas Guido Echeverri, Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, con el fin de que los departamentos, distritos y municipios fortalezcan su autonomía, permitiendo generar nuevas dinámicas en la administración y ejecución de los recursos. El fin fundamental de este acto legislativo radica en reducir la inequidad y desigualdad en los 32 departamentos y más de 1.100 municipios del país. Según el índice Gini, Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo, esto a causa de un paquidérmico y obsoleto modelo de estado en el que impera el centralismo puro que en la actualidad azota a todas las regiones del país generando pobreza, resentimiento y violencia.

El modus operandi de este exabrupto burocrático y administrativo deja entrever que la mayoría de los alcaldes del país si quieren realizar un proyecto en su pueblo deben ir primero a Bogotá, para que desde los fríos escritorios capitalinos atendidos por encorbatados burócratas que no conocen los territorios ni sus necesidades viabilicen los proyectos conforme una maraña de normas y procedimientos, pasando por las más osadas pruebas o filtros que se tienen en el DNP y ministerios según el sector del proyecto, donde además de lo técnico o lo financiero, se presume que existen otro tipo “peajes” en el intermedio de este tortuoso camino hacia el desarrollo.

Esta nueva reingeniería al estado colombiano busca trasferir nuevas competencias a los territorios, pero además de esta que día a día crece, busca transferir también recursos para el cumplimiento de estas competencias, es un nuevo oxígeno en un país en el que el 87% de los municipios se encuentran en sexta categoría, basta solo con el ejemplo como lo es el departamento del Tolima, se compone de 47 municipios, 44 municipios de sexta categoría, 1 de quinta categoría (Melgar), 1 en cuarta categoría (Espinal) e Ibagué la capital único municipios de primera categoría.

La reforma actualmente está a un debate para convertirse en ley, esto a pesar de que “expertos” en los temas económicos la catalogan como un peligro fiscal, ya supero el séptimo debate y la comisión primera de la cámara la aprobó, está a la espera del debate en plenaria para que se convierta en la ley más ambicioso de los últimos tiempos. Cabe aclarar que esta de ser aprobada, el plazo de asignación será el año 2027 con el umbral de ingresos corrientes del 39.5% porcentaje que se ira acomodando gradualmente en los 12 años siguientes.

La transformación social se realiza conociendo los territorios no en los fríos escritorios de la capital desde los que se envían recursos a conveniencia política conforme a las directrices de la elites políticas o al que llegue primero, la verdadera transformación se realiza con una óptima distribución y ejecución de los recursos, es en este punto donde debemos de apostarle a la verdadera descentralización, a los cambios generacionales en cuanto a la política tradicional, propendiendo por el progreso y desarrollo de los departamentos y municipios que tantos recursos necesitan mientras el gobierno central tiene las cuentas llenas y no es capaz de invertir y ejecutar mientras mueren de hambre o se mata  en medio de la violencia que ha generado este centralismo de estado.