El Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó el documento que da luz verde a la Política para la Asistencia Técnica Territorial, ATT.

Con esta norma se pretente articular la asistencia técnica territorial del gobierno central con metodologías efectivas y mecanismos de seguimiento, evaluación y sistematización de procesos de gestión de conocimiento para medir su impacto en término de capacidades de las entidades territoriales.

Este CONPES señala que, en el marco del proceso de descentralización en Colombia cuyo propósito ha sido transferir autonomía administrativa, fiscal, y política a las entidades territoriales, “se ha evidenciado que uno de los factores que contribuyen a mejorar las condiciones de esa autonomía es la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales que habilitan a los municipios y departamentos para cumplir con efectividad las competencias y funciones que les otorga la Constitución y la Ley”.

Alejandra Botero Barco, directora del DNP, explicó que el primer objetivo de este CONPES busca coordinar la planeación y caracterización de la oferta de la prestación de la Asistencia Técnica Territorial según las necesidades planteadas por las entidades territoriales -y de acuerdo con sus particularidades- de manera conjunta con los actores que intervienen en el proceso para mejorar las sinergias de trabajo asociadas.

En segundo lugar, la política aprobada le apunta a articular las orientaciones técnicas, metodológicas y operativas que guían la prestación de Asistencia Técnica Territorial diferencial, compartida, adaptable y eficiente para mejorar el proceso en términos de eficiencia.

Como tercer componente, señala el CONPES, “se busca establecer mecanismos e instrumentos interoperables de captura, seguimiento, y evaluación de la Asistencia Técnica Territorial para medir y mejorar la calidad en el proceso y sus resultados”. Lo anterior implica una coordinación y un mecanismo único de llegada a territorio por parte del nivel central mediante mecanismos de fortalecimiento institucional medibles.

Así mismo, el cuarto componente busca mejorar continuamente la Asistencia Técnica Territorial, medir su impacto y suministrar a las entidades territoriales información y apoyo relacionados exclusivamente con el fortalecimiento institucional territorial.

La directora destacó que, con la aprobación de esta importante política, se espera mejorar el desempeño de las entidades territoriales del país para prestar más y mejores bienes y servicios a la ciudadanía.

Adicionalmente, con el CONPES se tiene como meta optimizar las sinergias de trabajo entre cada uno de los actores que forman parte de los procesos de Asistencia Técnica Territorial y, también, fortalecer su eficiencia. Tal es el caso de la creación de una herramienta única que disponga de manera exclusiva toda la oferta institucional del nivel central encaminada a la Asistencia Técnica Territorial mediante un único canal.

La implementación de la política en mención tendrá una vigencia de cuatro años (2022 – 2026) y, como señala el documento CONPES, “se espera que cada uno de los componentes propuestos puedan sentar las bases para que los procesos de asistencia técnica entregada a los gobiernos subnacionales redunden en un mayor grado de capacidad instalada a nivel local y regional”. 

La asistencia técnica territorial, cuya política se adopta mediante este CONPES, entra a apoyar otros mecanismos de fortalecimiento de las entidades territoriales desplegados previamente por el DNP como el Catastro Multipropósito y el Programa de Fortalecimiento de Entidades Territoriales (PFET). 

Finalmente, la Asistencia Técnica Territorial se constituye como un escenario común de actuación para todas las entidades del Gobierno nacional, la cooperación internacional y otros actores que, actualmente, ofrecen programas y proyectos de esta naturaleza. En particular, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia), el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.