La Contraloría delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional realizó el estudio “Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia”, en el que  analiza el impacto y potencial de la descentralización diferencial como modelo estratégico para promover el desarrollo equitativo e inclusivo, adaptado a las características y necesidades de cada territorio. 

El estudio evidencia que, a pesar de la reducción de la pobreza monetaria del 42,5 % en el 2020 al 33 % en 2023, la pobreza extrema aún afecta el 11,4 % de la población. Estas cifras ponen en manifiesto las profundas brechas que el modelo de descentralización diferencial busca cerrar.

Se cita también como, según el Indicador de la Descentralización Diferencial, herramienta que evalúa y sintetiza las capacidades internas y las variables externas de los departamentos para gestionar recursos y asumir competencias, solo Bogotá y Antioquia alcanzaron puntajes superiores a 60 en el Indicador de Potencialidad de Descentralización Externa, mientras que regiones como Vichada, Vaupés y Guainía registraron niveles inferiores a 20.

La cobertura educativa es otro indicador clave de las desigualdades. Bogotá reporta una cobertura superior al 135 %, mientras que departamentos como Vaupés apenas alcanzan un 2,9 %. Estas cifras reflejan la urgencia de priorizar las regiones más rezagadas mediante un enfoque territorial ajustado a sus particularidades.

El estudio enfatiza que, la descentralización diferencial no se limita únicamente a redistribuir recursos, sino que requiere el fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiscales de los gobiernos locales para que puedan gestionar su desarrollo de manera autónoma.

Recomendaciones

Entre las estrategias recomendadas por la Contraloría General de la República para implementar la descentralización de manera efectiva, están:

Reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, y el Sistema General de Regalías, SGR, con el fin de orientar los recursos hacia los territorios más vulnerables.

Actualización de leyes orgánicas de ordenamiento territorial, lo cual, permite alinear la normativa con las realidades y necesidades actuales de las regiones.

Fortalecimiento de capacidades locales para implementar programas de formación técnica y dotación de herramientas para la gestión eficiente y monitoreo continuo, que aseguren la sostenibilidad del proceso descentralizador.

La descentralización diferencial no sólo abarca aspectos técnicos o administrativos, sino que, se convierte en un compromiso político y ético que exige reconocer la pluralidad del territorio colombiano. El análisis pone en evidencia que las desigualdades entre departamentos se manifiestan en términos fiscales y en dimensiones humanas y contextuales como la pobreza, la corrupción, la diversidad étnica y la sostenibilidad ambiental.

Por consiguiente, Colombia con un PIB per cápita de $30,1 millones para 2023 y profundas desigualdades regionales, enfrenta el reto de implementar un modelo de descentralización que priorice la equidad y el desarrollo inclusivo que no solo mejore la gestión pública, sino que también, implique fortalecer la gobernanza local, promover la cohesión territorial y priorizar las regiones más rezagadas en el diseño de políticas públicas.